Fiscalía investiga a colombianos que residen en Paraguay

Las autoridades migratorias de Paraguay elevaron a la Fiscalía una lista de 300 extranjeros que entraron al país en los últimos tres años en el marco de la investigación del secuestro de la hija del ex presidente Raúl Cubas, perpetrado el 21 de setiembre de 2004.
La lista, con especial énfasis en ciudadanos colombianos, "fue enviada esta mañana al fiscal Arnaldo Giuzzio para ir cruzando datos. Para el Gobierno es prioridad dilucidar este caso", afirmó el director de Migraciones, Carlos Liseras.
"La Dirección de Migraciones va a ser celoso custodio de mantener la honorabilidad de aquellos extranjeros que tengan una conducta intachable", aseveró Lisera al explicar que el trámite obedece a que la Fiscalía ha hallado vínculos con el principal imputado del hecho, Osmar Martínez, y un dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La Fiscalía denunció el pasado lunes que Martínez, un dirigente disidente del partido de izquierda Patria Libre detenido en enero pasado, pidió asesoramiento a Rodrigo Granda, conocido como el canciller de las FARC, para negociar con los familiares de Cecilia Cubas, de 32 años.
La mujer fue secuestrada el 21 de setiembre pasado cuando iba a entrar en su residencia, a las afueras de Asunción, y desde entonces permanece desaparecida, pese a que su padre pagó a mediados de noviembre alrededor de 800.000 dólares por su rescate, según la prensa local.
Las conexiones de Martínez, quién está detenido junto a otros miembros de la organización extraparlamentaria, con Granda han sido desveladas por el fiscal general del Estado, Oscar Latorre, tras el acceso al contenido de unas cuentas de correo electrónico abierto por los captores a la familia de la víctima para la negociación.
Martínez reiteró, en un comunicado hecho público hoy, que tiene lazos fraternales con Granda, detenido el 13 de diciembre pasado, y miembros de las FARC, así como otras organizaciones de izquierda, mientras que la dirección de Patria Libre calificó ayer de "montaje" y "persecución" la denuncia de la Fiscalía.
En el marco de la investigación, las autoridades registraron hoy una casa en Ñemby, municipio de las afueras de la capital, donde fueron hallados restos de chalecos antibalas, productos químicos y rastros de que el lugar pudo haber sido utilizado como cautiverio.
Por su parte, la fiscal Sandra Quiñónez explicó a los periodistas que fueron recogidas varias evidencias, entre ellas mechones de pelo de mujer y sedantes, y que la casa, al parecer, fue ocupada por una pareja en setiembre pasado y abandonada en los últimos días de diciembre.
Quiñónez, una de las personas encargadas del caso, expresó, no obstante, que sería "irresponsable" asegurar que pueda tratarse de una pista vinculada con la secuestrada.