Unas 1.500 solicitudes en la primera jornada del proceso de regularización en España

Alrededor de 1.500 personas presentaron los papeles para acogerse al proceso de regularización de inmigrantes en España, la mayoría de ellos latinoamericanos, que comenzó este lunes.
Según estimaciones del director general de Emigración del Ministerio español de Trabajo, Jesús Ramón Copa, en torno a medio millón de extranjeros regularizarán su situación en este proceso, que durará tres meses y en el que participan 160 oficinas de la Administración de toda España.
La jornada se desarrolló "con total normalidad", declaró la secretaria de Estado española de Inmigración, Consuelo Rumí, quien elogió el comportamiento "ejemplar" mostrado tanto por los empresarios como por los inmigrantes.
En un comunicado, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales auguró una creciente afluencia de personas en los próximos días, sobre todo si se tiene en cuenta que su página web, donde se ha colgado toda la información relativa al proceso, ha recibido ya 230.000 visitas y que varias Comunidades Autónomas funcionan con sistema de cita previa.
En Madrid, donde se espera gestionar cerca de un tercio de todas las solicitudes, el "vuelva usted mañana" marcó en parte este primer día, pues muchos empleadores llevaban el volante de empadronamiento del inmigrante y necesitaban el certificado, un papel que exige al menos dos visitas a la junta de distrito correspondiente de la capital.
Según fuentes del Ayuntamiento de Madrid, el volante debería ser válido y, si no cambian las cosas, se auguran largas colas ante las juntas de distrito, que desde el 20 de enero hasta hoy han emitido 150.860 volantes y 24.503 certificados.
Por otro lado, organizaciones no gubernamentales como SOS Racismo y Red Acoge alertaron de que muchos inmigrantes quedarán fuera del proceso por el requisito del padrón, ya que no han podido inscribirse o evitaron hacerlo después de que la ley de extranjería permitiera a la Policía acceder a los datos de esa documentación.
Sólo en la región de Cataluña (noreste de España), el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT, socialista) calculó que alrededor del 25 por ciento de los extranjeros sin papeles puede quedar fuera del proceso por no estar empadronados desde hace seis meses y por la negativa de las empresas a hacerles un contrato de trabajo, que en algunos casos han llegado a despedir al extranjero cuando lo pedía.
También la central sindical Comisiones Obreras (CCOO, comunista) denunció en Barcelona que más de la mitad de los empresarios que emplean a irregulares les han despedido o se niegan a darles de alta, por lo que amenazó con hacer pública una lista con sus nombres cuando concluya el proceso.
Más que para iniciar los trámites, empresarios e inmigrantes dedicaron esta jornada a preguntar sobre los requisitos necesarios para participar en el proceso y en muchas oficinas la afluencia fue menor de la prevista.
La mayoría de los empresarios acudió a las oficinas con el extranjero al que quería regularizar, mientras muchas empleadas del hogar que trabajan para varias familias, el único caso en el que el inmigrante presenta la documentación, escuchaban atentamente las explicaciones de los funcionarios.
Precisamente el que sean los empresarios y no los inmigrantes los que deberán iniciar los trámites para regularizar a sus trabajadores representa la principal novedad de este proceso de legalización de extranjeros, el mayor llevado a cabo en España y que se prolongará hasta el 7 de mayo.
La medida, que modifica la Ley de Extranjería vigente desde diciembre de 2003, establece las condiciones para residir y trabajar legalmente en España, concretamente un contrato de trabajo y empadronamiento anterior al 8 de agosto de 2004.