Gobierno español desplegará el dispositivo más grande para la regularización de inmigrantes

El Gobierno español desplegará el dispositivo "más extenso de las últimas décadas" en materia de extranjería para hacer frente al proceso de regularización de tres meses que comienza el próximo 7 de febrero.
Las autoridades españolas pidieron a los inmigrantes que no acudan masivamente a las oficinas y recordaron que sólo el empresario o empleador podrá presentar los expedientes de sus trabajadores, excepto en el caso de las empleadas domésticas con contratos de menos de 30 horas semanales.
El dispositivo, que incluye la distribución de casi 1,8 millones de trípticos en nueve idiomas, cuenta con una red de 742 puntos de información; una red de contacto y atención compuesta por 160 centros de la Seguridad Social; y una red de tramitación de 52 oficinas y unidades de extranjería
Además de contratar a 1.639 empleados en distintos ámbitos de la Administración, se han ampliado las jornadas de trabajo, reforzado en un 130 por ciento la plantilla habitual de las oficinas de Extranjería y destinado a la gestión de los expedientes en las oficinas de extranjería a unas 1.200 personas.
A partir del 7 de febrero, los extranjeros "sin papeles" disponen de tres meses para regularizar su situación si un empresario les contrata por un período mínimo de seis meses y demuestran que están empadronados desde antes del 8 de agosto de 2004.
En el sector de hostelería y construcción, el contrato podrá ser discontinuo, pero deberá sumar como mínimo seis meses en un año.
En rueda de prensa, la secretaria de Estado de Inmigración española, Consuelo Rumí, insistió en que el primer objetivo con esta legalización es "hacer emerger la mayor parte de economía sumergida" y acabar con los gastos sociales del empleo ilegal, ya que los inmigrantes en situación irregular ni pagan impuestos ni cotizan a la Seguridad Social, afirmó.
Rumí auguró una gran afluencia de demandantes de información en la primera semana de apertura del proceso, que terminará "al final del verano" y admitió, por otro lado, la preocupación del Gobierno español en relación a que existan empresarios que no regularicen a sus trabajadores.
El Ejecutivo español, dijo, "está ocupado en dar una respuesta en su momento. La Inspección de Trabajo se ha reforzado y están previstas las acciones oportunas para esa lucha implacable contra la economía sumergida".
Reiteró además su petición a los inmigrantes para que no "compren contratos falsos: quien pida dinero para hacer un contrato no es un empresario serio, está claro que detrás hay toda una trama para beneficiarse de esta situación".
"Todos los mecanismos puestos en marcha para supervisar y comprobar la veracidad de todos y cada uno de los documentos es extremo", advirtió la secretaria de Estado de Inmigración.
El primer filtro será comprobar que la empresa y el empresario son solventes, están al día con sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, añadió Rumí.
Desde hoy está disponible toda la información sobre el proceso en la web del Ministerio de Trabajo (www.mtas.es); de Administraciones Públicas (map.es); Seguridad Social (seg-social.es) y de Interior (mir.es).