Una nueva ley permite a las personas decidir no prolongar su vida

Londres.--- El Gobierno británico presentó una ley que permite, por primera vez, que las personas puedan decidir de antemano rechazar que se les prolongue la vida, en el caso de padecer una enfermedad grave y estar mentalmente incapacitados.
Aunque el Ejecutivo insiste en que la ley de Capacidad Mental no tiene nada que ver con la legalización de la eutanasia, sí legaliza las llamadas "herencias en vida"; es decir, que las personas puedan especificar, cuando todavía están sanas, cómo quieren ser medicadas en caso de enfermar gravemente y perder la capacidad de decidir.
En la práctica, esto significa que la gente podrá decidir que no se le prolongue la vida con tratamientos médicos cuando esté muriéndose.
"El objetivo principal de la ley -explicó a EFE un portavoz del ministerio de Asuntos Constitucionales- es regular la situación de miles de ancianos, para que, si pierden la razón totalmente, quede clara su voluntad".
Aunque este es el mayor problema que afronta la Administración, la legislación engloba casos más generales y permite que cualquier ciudadano determine cómo quiere ser tratado en el caso de sufrir una lesión cerebral, quedar discapacitado mental o contraer enfermedades como la demencia.
En el caso de los discapacitados de nacimiento, actualmente se les pone en manos de los servicios de protección del discapacitado, pero lo que esta ley establece es que se les respete el derecho de decidir "hasta donde puedan", según el portavoz.
En la actualidad los tribunales del Reino Unido ya reconocen la validez de las "herencias", pero la nueva ley aporta un marco legal hasta ahora inexistente que, además, ampara a los cuidadores de los enfermos, que a veces tienen problemas legales por tomar decisiones en su nombre.
Hasta este momento, la ley británica autorizaba a las personas a designar a representantes para sus asuntos financieros, pero con el nuevo texto podrán además nombrar a personas que decidan por ellos sobre cuestiones médicas y de bienestar.
Por otra parte, la legislación, que ha sido recibida con recelo por la oposición conservadora, convierte en delito, penado con hasta cinco años de prisión, la negligencia o el maltrato a las personas incapacitadas.
"En algún momento de nuestras vidas todos nos vemos afectados por la incapacidad de tomar decisiones, sea personalmente o porque algún allegado pierde la capacidad de decidir", manifestó el secretario de Estado de Asuntos Constitucionales, Lord Filkin.
Ahora no existe un marco legal claro que proteja y oriente a cuidadores, familiares y profesionales -prosiguió-, por lo que la gente incapacitada "puede verse excluida de la toma de decisiones e incluso pueden cometerse abusos, mientras que los cuidadores pueden ser objeto de críticas y acusaciones".
La nueva ley, según el Secretario de Estado, pretende reflejar un "cambio cultural en la manera en que se trata a las personas que han perdido la capacidad" de decidir, que, en este país, suman unos dos millones