Demandaron a multinacional petrolera por caso criminal

LOS ANGELES .---Dos grupos de abogados presentaron una demanda contra Occidental Petroleum y la empresa de seguridad Airscan por su presunta colaboración en una masacre de civiles en Colombia ocurrida el 13 de diciembre de 1998.
La demanda fue presentada ante un tribunal del distrito central de California por el Fondo Internacional de Derechos Laborales y el Centro para los Derechos Humanos de la Universidad Northwestern, un día antes de la reunión anual de los accionistas de Occidental Petroleum.
Ambos grupos legales representan a un familiar de tres de las 17 víctimas de la matanza, entre ellas seis niños, ocurrida en Santo Domingo, aldea de la localidad de Tame, en el departamento del Arauca, fronterizo con Venezuela.
Las muertes ocurrieron al estallar una bomba arrojada desde un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), que participaba en una operación contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), principal grupo guerrillero del país.
Los tripulantes de la aeronave habían insistido en que las coordenadas para el bombardeo les fueron suministradas por tres estadounidenses vinculados a Occidental Petroleum, quienes ocupaban una aeronave de apoyo a la redada.
Según la demanda, la multinacional petrolera y Airscan "ayudaron a conducir el ataque al proveer información estratégica clave, además de dar apoyo por tierra y aire a las fuerzas armadas colombianas para el bombardeo" de la aldea.
La aeronave de Airscan acompañó a la fuerza aérea colombiana durante el bombardeo, en el que ayudó con lentes infrarrojos y equipos electrónicos.
Airscan, según los demandantes, realiza tareas de vigilancia aérea para el oleoducto de Occidental en Caño Limón (Arauca).
El Gobierno de EEUU ha propuesto unos 110 millones de dólares en ayuda exterior a Colombia para el año fiscal 2004, que incluye fondos para la protección del oleoducto en Caño Limón.
Pero desde hace siete años, las operaciones de Occidental en Colombia han sido objeto de críticas de grupos ecologistas y defensores de los derechos humanos.
La presión política de estos grupos logró que Occidental abandonara su participación directa en la exploración de petróleo en tierras sagradas indígenas en Colombia.