Defensor Pueblo y UNICEF piden desvincular a menores de guerrilla

Bogotá.---- La Defensoría del Pueblo de Colombia y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) calificaron como "crimen de guerra" la vinculación de los menores de edad al conflicto armado e instaron a los grupos rebeldes a no reclutarlos.
El Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes; y el director del UNICEF para Colombia y Venezuela, Manuel Manrique, presentaron, en el desarrollo de un convenio bilateral, un estudio sobre "La niñez en el conflicto armado colombiano".
"Estamos frente a un verdadero crimen de guerra", manifestó el Defensor del Pueblo y recordó que según las normas internacionales, los menores de 18 años no pueden ser reclutados.
Agregó que las autoridades no tienen una cifra "concreta" de menores reclutados por los grupos guerrilleros y paramilitares, pero advirtió que los menores desvinculados del conflicto son naturales de 20 de los 32 departamentos del país, lo que denota la magnitud del problema.
Según el estudio, los menores vinculados a los movimientos armados participan en el manejo de explosivos, el uso de armas, así como en secuestros y masacres, "lo que supone su deshumanización".
"Se frustra su proyecto de vida. Se cercenan sus posibilidades educativas. Se conculcan todos sus derechos", manifestó Cifuentes.
Por su parte, el peruano Manrique instó "a los grupos armados a que desvinculen a los menores de edad".
Indicó que, aunque el 80 por ciento de los menores rebeldes afirman haber ingresado voluntariamente, decepcionados con la calidad de la educación, en la práctica lo hacen "forzados por las circunstancias", mientras que un 14 por ciento entró "a la fuerza".
Añadió que otro 80 por ciento "ha entrado en combate", un 90 por ciento recibió entrenamiento militar y un 80 por ciento pertenece a la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El estudio se efectuó por medio de encuestas a 86 menores de edad que desertaron de las guerrillas (55 por ciento) o fueron arrestados (40 por ciento) y reciben tratamiento en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
De la muestra analizada, el 70 por ciento son de sexo masculino y el porcentaje femenino "está sometido a planificación familiar sin su consentimiento".
Por ello, el Defensor del Pueblo le pidió al Gobierno "impulsar políticas para evitar el reclutamiento de menores y programas de desvinculación", y subrayó que urge "fortalecer el campo, que ha sido abandonado por el Estado".
También le recomendó al ICBF ampliar la cobertura de sus programas de atención a los jóvenes desertores, que actualmente cubre sólo a siete ciudades colombianas.