Amnistía alerta por "crisis de derechos humanos" en Colombia

LONDRES.---Amnistía Internacional exhortó al presidente electo de Colombia, Alvaro Uribe, a hacer frente a lo que definió como "crisis de los derechos humanos" en ese país.
Según informes del mes pasado, fuentes del gobierno entrante de Uribe dijeron que buscarían poderes de emergencia para hacer frente a la guerra civil de 38 años de Colombia.
"La seguridad no puede ni debe ser obtenida a costa del sacrificio de los derechos humanos fundamentales", dijo Amnistía en un comunicado después de un encuentro con Uribe en Londres.
Uribe estuvo en Gran Bretaña para reunirse con el primer ministro Tony Blair como parte de un recorrido por varios países que incluye además a Estados Unidos, Canadá, Francia y España.
El nuevo gobierno colombiano que tomará posesión en agosto, ha declarado que tratará de enmendar la constitución de 1991 para poder adquirir poderes de emergencia.
La constitución en vigor no permite a los militares detener a civiles, realizar acciones sin la orden de un juez, imponer toques de queda y juzgar a civiles en cortes militares.
"Esas sugerencias han generado temores de que el nuevo gobierno trate de abolir o debilitar las funciones de la Corte Constitucional, que ha jugado un papel importante para mantener los derechos humanos protegidos por la constitución", agregó Amnistía.
El grupo dijo además que las protecciones a los derechos humanos de Colombia están "entre las más avanzadas de América Latina".
Amnistía expresó también preocupaciones por otro plan de Uribe de crear una red de un millón de civiles para asistir a los militares con información.
El grupo dijo que teme que tal "milicia civil de informantes" sólo "echará leña a la espiral de violencia política y arrastrará más a la población civil hacia el conflicto".
A pesar de ser calificado de guerrerista por sus críticos, Uribe, cuyo padre fue asesinado por las guerrillas izquierdistas en la década de 1980, se expresó en un tono conciliador en su discurso de victoria electoral, en que invitó a los rebeldes a conversaciones de paz mediadas por las Naciones Unidas.
Desde que las negociaciones se estancaron en febrero, muchos alcaldes y jueces municipales han renunciado o huído de sus pueblos después de recibir amenazas de muerte.
Con la guerra financiada cada día más por el tráfico de cocaína, grandes sectores de Colombia han caído en la anarquía, controlados por grupos armados rivales que luchan entre sí por territorio.