Ex embajador preso Marulanda no desea ser extraditado a Colombia

MADRID.--- El ex ministro y ex embajador de Colombia ante la UE Carlos Arturo Marulanda, detenido en España, expresó hoy en la Audiencia Nacional que no desea su extradición a Colombia por unas supuestas amenazas contra su vida hechas por la guerrilla.
La Audiencia Nacional -alto tribunal encargado de los delitos de terrorismo, económicos y narcotráfico- celebró una vista con la presencia del detenido para analizar si debe ser entregado a la Justicia de Colombia, que le reclama por formación de grupo armado y terrorismo y malversación de fondos públicos en su etapa de embajador de Colombia ante la UE en la década de los noventa.
Marulanda -detenido el 16 de julio del 2001 en Madrid- fue ministro de Desarrollo en el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), y estaba prófugo desde que, en 1998, la Justicia colombiana, que ya ha encarcelado a varias personas en relación con estos hechos -entre ellas, un hermano suyo-, dictara contra él una orden de prisión.
Según la Fiscalía de Colombia, Marulanda presuntamente formó un grupo armado con el que, los días 14 y 15 de febrero de 1996, entró en la Hacienda Bellacruz, propiedad de su familia y que había sido ocupada por unos campesinos, destruyó las instalaciones y asesinó a una veintena de rancheros.
La matanza provocó el desplazamiento forzado de unas doscientas familias de campesinos que estaban asentadas en esas tierras, situadas en el departamento colombiano del Cesar.
En la vista, Marulanda se opuso a su extradición al considerar que la reclamación de la Fiscalía obedece a una persecución política instrumentada por el actual presidente colombiano, Andrés Pastrana, a raíz de sus negociaciones con la guerrilla.
Recordó que ya en 1998 la Justicia Colombiana encarceló en relación con estos hechos a varias personas, entre ellas a un hermano suyo, del que dijo que era el administrador de la finca de la que él sólo tenía el 10 por ciento.
El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira se mostró favorable a la extradición porque, en su opinión, no existe tal persecución política y, en cuanto a la amenaza de la guerrilla, señaló que esta circunstancia no forma parte del procedimiento; "otra cosa es que se pueda pedir a Colombia garantías de seguridad".
El abogado defensor de Marulanada, Javier Saénz de Pipaón, se opuso a la que calificó de "aparente reclamación de extradición" porque, alegó, "ésta nunca ha sido solicitada formalmente por parte de la República de Colombia".
Además indicó que los hechos por los que se le reclaman carecen del mínimo punitivo -más de un año de cárcel- requerido para acceder a una extradición, ya que ambos delitos sólo están penados con multa.
Explicó que la conformación de grupos de "justicia privada" para la evacuación de los campesinos "no son hechos constitutivos de un delito de terrorismo porque no están guiados por el ánimo de subvertir el orden constitucional ni de alterar el orden público como exige el Código Penal español".
Para el abogado, se trata de un delito de "realización arbitraria del propio derecho" cometido con violencia y que está castigado con pena de multa de seis a doce meses.

En cuanto a la apropiación de fondos públicos la pena también es de multa y, por lo tanto, tampoco cabe la extradición, afirmó el letrado, quien solicitó al tribunal la libertad de su defendido.
Marulanda, en su uso del derecho a la última palabra, resaltó que es el principal interesado en que se resuelva su situación judicial en Colombia "porque así se comprobará mi inocencia" y aseguró que antes de su detención solicitó a su abogado en Colombia que pidiera a la Fiscalía que se trasladará a España para interrogarle.
"Estoy dispuesto a lo que sea menos a volver a Colombia porque, como diría (el novelista) Gabriel García Márquez, eso sería la crónica de una muerte anunciada", dijo el detenido.