Emergencia en la que fue zona neutral se agudiza

SAN VICENTE DEL CAGUAN .--- El Gobierno admitió que la crisis en materia de servicios públicos esenciales que afronta la región del Caguán es grave-..
El viceministro de salud, Carlos Castro, quien fue enviado a San Vicente del Caguán para hacerle frente a la falta de suministro de agua potable y a la crisis hospitalaria, confirmó ese dramático hecho.
El suministro de agua solo será posible en 48 horas.-
Sin embargo, admitió que las alertas para declarar la emergencia sanitaria siguen en pie porque aun faltan mecanismos que permitan subsanar la crisis en la generación del servicio de fluido eléctrico, telecomunicaciones y transporte por las vías terrestres.
Dijo que la red de solidaridad social iniciará en las próximas horas a través de un puente aéreo el envío de víveres y medicamentos para la población más afectada.
En las horas de la tarde estará llegando el cuerpo de fiscales, jueces que iniciarán de inmediato sus tareas en la zona .
La agencia de noticias EFE analizó que un aislamiento casi total es lo que siente la población de San Vicente del Caguán, el principal municipio de los cinco que formaron la zona desmilitarizada, donde durante más de tres años las FARC fueron sus dueños mientras negociaban la paz con el Gobierno colombiano.
Cuando el miércoles pasado, cansado de la "falta de voluntad de negociar la paz" y de 117 acciones terroristas en un mes, el presidente colombiano, Andrés Pastrana, decidió poner fin al proceso y anular la zona de distensión, los insurgentes intensificaron sus atentados contra las infraestructuras del país.
El alcalde de San Vicente del Caguán, Néstor León Ramírez, ha hecho un llamamiento al Gobierno porque "no tenemos luz, ni teléfono, las comunicaciones por tierra, con Florencia (la capital del Caquetá, el departamento al que pertenece este municipio) y con Neiva (capital del vecino Huila) son difíciles y a menudo estáncortadas".
"Pero lo más importante es la escasez de agua, sólo funciona el viejo acueducto, que alcanza escasamente para cubrir el 30 por ciento de las necesidades", explicó.
Esto, añadido a la dificultad en el transporte por tierra, puede dar lugar a otras "carencias en el suministro de alimentos o en una posible evacuación de enfermos", precisó el alcalde.
Por eso ha solicitado al Gobierno que se reanuden los vuelos de la compañía Satena, la única que comunicaba por aire este pueblo con Neiva y Bogotá.
La situación es especialmente crítica en la antigua zona neutral, pero hoy medio centenar de municipios del sur del país, entre ellos todos los del Caquetá, quince de Huila, y otros más en Meta y Cauca, se encuentran si energía eléctrica porque la guerrilla ha pasado de tumbar torres de conducción a volar subestaciones de transformación.
Las autoridades creen que con este salto cualitativo por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se tardará tiempo en normalizar la situación.
En un cuaderno de apuntes de una guerrillera, hallado en uno de los campamentos que desalojaron a toda prisa las FARC el pasado jueves, se puede leer que el sabotaje de la red eléctrica, la destrucción de puentes y de la infraestructura "es una táctica de desgaste del enemigo".
También lo debe ser los secuestros del senador Jorge Gechem y de la candidata presidencial Ingrid Betancourt, el domingo.
El desvío del avión comercial en el que viajaba Gechem y el posterior secuestro de este fue, precisamente, lo que provoco la ruptura de las negociaciones.
Las FARC, en un comunicado firmado por el comandante Joaquín Gómez, han pronosticado un secuestro largo; muchos países y organismos internacionales lo han condenado y Pastrana lo ha calificado de "terrorismo" y de "secuestro de la democracia".
Pese al apoyo obtenido por el presidente con la decisión de romper el proceso con la guerrilla, en San Vicente del Cagúan, lo mismo que en otros lugares de lo que fue el feudo de las FARC, las cosas no están tan claras y no se callan las críticas al Gobierno, más que por hacerlo, por el modo en que lo decidió.
"La situación es muy preocupante, se organizó el comienzo del proceso, pero ahora el final ha sido improvisado. El presidente no habló con la población antes de poner fin a las negociaciones y a la zona de distensión, ha faltado al respeto de la población", declaraba Omar García, antiguo alcalde de San Vicente.
En su opinión, compartida por otros muchos interlocutores, la situación en esta zona es más complicada que la que se sufre en el resto del país, porque a sus habitantes se les obligó a "convivir con la guerrilla, lo que nos ha supuesto una especie de estigma".
El presidente "debería haber ratificado (cuando vino el pasado sábado) a la población las garantías que mencionó, se nos ha dicho que nos van a proteger, pero no nos han dicho cómo, y no hemos tenido ni apoyo ni asesoría del Gobierno ni de las instituciones", según García.