Gobierno Bush no descarta acción armada en secuestros en el exterior

Washington.--- Estados Unidos contempla la posibilidad de emprender acciones armadas para resolver secuestros de sus ciudadanos en el extranjero, dentro de una nueva política que ha sido aprobada por el Gobierno del presidente George W. Bush.
La nueva política, que ya ha recibido el visto bueno de Bush y fue aprobada sin información pública, supone un importante cambio respecto a la tradicional posición estadounidense de no inmiscuirse en los secuestros de ciudadanos privados,según medios de prensa.
A partir de ahora, cada secuestro de un estadounidense en el exterior será seguido por un subcomité especial creado dentro del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Además, Washington intensificará la cooperación con las autoridades de cada país donde haya un secuestro de uno de sus ciudadanos, y levantará la prohibición al pago de rescates.
Los aspectos relacionados con la información delicada y las posibles opciones militares para liberar a secuestrados y rehenes serán mantenidos en secreto, dentro de una directiva presidencial de seguridad nacional, firmada por Bush, que ha sido declarada confidencial.
El objetivo de Washington es tratar de frenar el aumento de secuestros de ciudadanos particulares de EEUU en países de América Latina y Asia, en ocasiones por grupos guerrilleros y en otras simplemente por criminales, señala el diario.
La información se produce mientras sigue sin conocerse la suerte del periodista estadounidense Daniel Pearl, secuestrado en Pakistán el 23 de enero pasado.
Sin embargo, esta nueva política supuso un fuerte enfrentamiento entre el Departamento de Defensa y el de Estado, según el diario.
El Pentágono se oponía a esta política, porque cree que incitará a grupos extremistas a secuestrar a más estadounidenses en el exterior, con el fin de ganar más atención del Gobierno de Washington y más interés internacional.
En cambio, el Departamento de Estado considera que las autoridades no deben ignorar los secuestros sólo porque afectan a un ciudadano privado.
Hasta ahora, el Gobierno de Washington rechazaba implicarse directamente en los casos de secuestros que no afectaran a funcionarios oficiales o miembros de las fuerzas armadas.
El compromiso final se logró tras un acuerdo por el cual la estrategia sería aprobada pero no divulgada al público.
Esta nueva política se originó con un estudio puesto en marcha durante el Gobierno de Bill Clinton, después de que varios estadounidenses fueran secuestrados por el grupo musulmán filipino Abú Sayaf, al que EEUU acusa de tener lazos con Al Qaida.
La decisión fue favorecida también por el caso de cuatro trabajadores de una empresa petrolera estadounidense secuestrados en Ecuador en octubre de 2000, uno de los cuales, Ronald Sander, fue asesinado en enero de 2001.
Tras el pago de un rescate de 13 millones de dólares por parte de la compañía para la que trabajaban, las autoridades de EEUU y Ecuador siguieron la pista al dinero y detuvieron a los presuntos autores.
Este caso tuvo un "profundo impacto" en el punto de vista del actual Gobierno y de la consejera de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Condoleezza Rice, según una fuente gubernamental que cita el periódico.
La nueva política, además, retirará la prohibición de pagar rescates por los secuestrados, porque en ocasiones familiares o empresas no tienen otra opción, pero insistirá en que "incluso si se cobra un rescate, el secuestrador será castigado", señala el diario.