Denuncian aumento de víctimas de minas antipersonales en Colombia

GINEBRA.--- La Campaña Colombiana contra las Minas (CCCM) denunció en Ginebra el "aumento de las víctimas" de esos artefactos en el país durante el año pasado.
La coordinadora de la CCCN, Diana Roa Castro, señaló que la colocación de minas antipersonal "se ha intensificado en los últimos tres años", lo que ha provocado "un aumento de las víctimas entre la población civil".
Roa Castro, que participa en Ginebra en una reunión del organismo Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres (ICBL por sus siglas en inglés), destacó que el año pasado hubo 203 víctimas de explosiones de minas en Colombia, frente a 83 en el año anterior.
Subrayó que tres de cada diez personas víctimas de la explosión de una mina mueren, mientras que las otras siete "resultan heridas o sufren de paraplejia durante el resto de su vida", y agregó que tres de cada diez afectados son niños.
La portavoz de la CCCM invitó a los principales grupos rebeldes armados, entre los que citó las Fuerzas Armadas Revolucionarias deColombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a ponerfin a la fabricación y colocación de minas.
Asimismo, exhortó al Gobierno a "destruir sus arsenales de minas almacenados", y recordó que el Ejército todavía dispone actualmente de unas 20.000 minas de fabricación colombiana, estadounidense y belga.
Según los últimos datos de la CCCM, se han registrado hasta el momento 852 zonas susceptibles de tener minas en 189 municipios de 27 de las 32 provincias del país.
En ese sentido, Roa Castro consideró que un acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla podría facilitar un plazo de una decena de años para extraer las minas de esas zonas.
El Gobierno del presidente Andrés Pastrana firmó en enero de 2000 la ley mediante la cual Colombia ratificó la Convención de Ottawa, que prohíbe el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal.
El convenio fue suscrito en septiembre de 1997 en Ottawa por 122 países, entre ellos Colombia, cuyas fuerzas militares comenzaron a extraer desde hace más de dos años las minas existentes en sus instalaciones y dejaron también de producirlas.
El tratado compromete al Gobierno a la destrucción de todas las minas almacenadas por las Fuerzas Armadas antes de un plazo que finaliza el primero de marzo de 2004.
Además, establece la misma fecha de 2011 como primer plazo límite para que Colombia pueda ser declarado "territorio libre" de este tipo de artefactos explosivos, término que puede ser extendido hasta el primero de marzo de 2021.