Argentina enfrenta presión de compañías extranjeras

BUENOS AIRES.--- El gobierno argentino dijo el miércoles que debe lidiar con presiones de las empresas europeas que resultarán perjudicadas con la devaluación del peso y piden protección para sus intereses, mientras ultima los detalles del marco jurídico del nuevo sistema monetario.
En los últimos días, el nuevo gobierno, formado por peronistas, fue blanco de una lluvia de peticiones de altos funcionarios de la Unión Europea para que el plan económico que trae bajo el brazo sea "sensato" y tenga el visto bueno de la comunidad internacional con inversiones en el país, preocupada por el futuro de sus compañías.
El martes, el presidente de la Comisión Europea, el italiano Romano Prodi, dijo que confía en la "sensatez" de los funcionarios argentinos, mientras que el presidente del gobierno español, José María Aznar, pidió un plan de recuperación económica "creíble" y "aceptable para la comunidad internacional".
En tanto, Washington exigió un paquete de medidas "sostenibles", mientras una misión de técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) supervisaba en Buenos Aires la actual situación económica del país, después de que su feroz crisis económica, política y social obligara a renunciar a dos presidentes en 12 días.
"Nos están presionando por todas partes. Pero no vamos a ceder", dijo a Reuters una fuente del gobierno que pidió el anonimato. Tan sólo una semana después de llegar al poder, el gobierno del presidente Eduardo Duhalde anunció un paquete de medidas proteccionistas cuyo fin sería resucitar una economía estancada desde 1998, y cuyo eje es una devaluación controlada del peso, de casi 30 por ciento, que intenta una vuelta a la competitividad y supone el primer paso hacia la libre flotación de la moneda.
El paquete significa el entierro del sistema de convertibilidad que durante una década ató al peso con el dólar a la par y dio a los argentinos una estabilidad monetaria pocas veces vista en la historia del país, aunque su rigidez asfixió a la economía.
Los cambios monetarios debutarían el jueves, cuando podría terminar un feriado cambiario que comenzó el 21 de diciembre. Pero, para que pueda comenzar a funcionar el sistema, el gobierno debe anunciar en las próximas horas una serie de detalles qeu especifiquen exactamente cómo serán las normas.
Entre los anuncios estaría la explicación de qué operaciones deberán realizarse con el tipo de cambio oficial, que estará fijado en 1,40 pesos por dólar, y cuáles se basarán en el peso paralelo, cuyo valor determinará el mercado.
Además, debe oficializarse la flexibilización de unas restricciones para el retiro de fondos en efectivo de los bancos que fue impuesta a principios de diciembre para frenar una fuga de depósitos que puso en riesgo al sistema financiero.
Las restricciones profundizaron la crisis de liquidez en el país y ahora el gobierno anunciará un aumento en el tope de fondos que se pueden retirar mensualmente, además de un cronograma para ir liberando la totalidad de los depósitos gradualmente.
Estaba previsto que los anuncios fueran el miércoles pero el gobierno lo retrasó por al menos 24 horas, lo que incrementó la incertidumbre sobre el futuro del país.
Además, el retraso mantiene paralizados a sectores económicos clave como el agrícola, que se niega a exportar granos hasta saber cuáles serán las nuevas reglas.
PESIFICACION
Para que la devaluación no termine de devastar los alicaídos bolsillos de los consumidores locales y no dispare un brote inflacionario que conllevaría más conflictividad social, Duhalde ordenó pesificar por completo la economía, que está dolarizada hasta la médula.
Entre los grandes perdedores de las medidas están las compañías de servicios públicos, que tienen sus tarifas denominadas en moneda estadounidense y están, en su mayoría, en manos de grupos internacionales europeos. Otro factor que les ha afectado profundamente ha sido la prohibición de indexar sus facturas.
La medida causó pánico en los grandes participantes del sector, especialmente en las compañías españolas como Telefónicay la eléctrica Endesa , cuyas acciones resultaron duramente castigadas en los últimos días en la Bolsa de Madrid.
Cuando una radio le preguntó si las empresas de servicios públicos exigen una subida en las tarifas, el ministro argentino de la Producción, José de Mendiguren, dijo: "En unos casos es eso o continuarlas todavía en dólares, (o) continuar con un sistema de ajuste por inflación en dólares".
Otras compañías internacionales de servicios públicos con negocios en Argentina son la francesa Suez-Lyonnaise des Eaux , Vivendi y Electricité de France ; además de la británica BG Group ) y las españolas Aguas de Barcelona y Gas Natural SDG.
Además, De Mendiguren también reveló presiones por parte de las petroleras, que resultarían seriamente perjudicadas con una decisión del gobierno de cobrarles un derecho especial sobre sus exportaciones de hidrocarburos.
"Hay otros (sectores) que pretenderán otras cosas, como no tener retenciones a sus exportaciones. Cada uno defiende sus intereses", explicó.
La española Repsol-YPF , la petrolera extranjera con mayor exposición en el país, ha sufrido en los últimos días una caída sostenida de sus acciones en la Bolsa de Madrid com consecuencia de la intención del gobierno argentino de cobrar el impuesto especial.
Con los derechos sobre las ventas petroleras, Duhalde quiere garantizar a su vez un bono para resarcir a los bancos, otros grandes perdedores del plan económico argentino que incluye la conversión a pesos de buena parte de los préstamos al consumo en dólares.
"El plan del gobierno es tratar que no se venga abajo el sistema financiero y, para el resto de las empresas, que paguen el costo de la devaluación", explicó la fuente oficial que no quiso ser identificada.
Dentro de este grupo también hay grupos españoles con filiales en el país, como el Banco Bilbao Vizcaya Argentariay el Santander Central Hispano .