Más de 35 mil colombianas, prostitutas en las calles del mundo

BOGOTA.--- Hace menos de un año, ante el cónsul de Colombia en Japón y el asistente social del consulado, se presentó una joven oriunda de Medellín, de 20 años de edad. Quería suicidarse.
Dos meses atrás había llegado a Tokio, radiante y con la promesa de ser vendedora de computadores. En su lugar, hasta ese día y para poder cubrir la deuda de tres millones de yenes que le costó el viaje, había tenido que "vender" su cuerpo en un promedio de 30 veces diarias a ciudadanos japoneses, la mayoría de la tercera edad.
Este es tan solo uno de los cientos de casos que, según Carlos Iván Plazas Herrera, coordinador del área de asistencia a connacionales en el exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, reciben las autoridades consulares colombianas en las principales ciudades del mundo.
Y es que según los cálculos de las autoridades y de las agencias estatales y no gubernamentales que se encargan de combatir el delito del tráfico de personas, en las calles y "sitios especiales" de las principales ciudades del mundo trabajan hoy en día cerca de 35 mil mujeres colombianas que un día salieron del país con la esperanza de ser modelos, bailarinas o vendedoras y terminaron ejerciendo la prostitución.
Este hecho convierte a Colombia en la tercera víctima mundial, después de Brasil y República Dominicana, del tráfico de seres humanos. Según los mismos reportes, cada año 700 mil mujeres, hombres, niñas y niños de todo el mundo son víctimas de este delito.
Este problema y sus posibles soluciones congregó a finales del año pasado a los principales responsables de trabajar en este campo. Representantes de varias ramas del Gobierno colombiano se encontraron en noviembre con representantes de la Organización Internacional de las Migraciones, de la Interpol y de varios organismos no gubernamentales para buscarle una solución a este problema.
El resultado de este encuentro quedó materializado en el estudio 'Tráfico de Personas en Colombia' que anoche lanzaron la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Según este estudio, el turismo sexual se ha convertido en un mecanismos común para la trata de personas, en especial en los menores de edad.
Para el viceministro de Europa, Asia, Africa y Oceanía de la Cancillería colombiana, Nicolás Rivas, "en Suramérica el tráfico de menores se realiza, además, a través de la captación de niños y niñas que viven en las calles. También se emplea la adicción a diferentes drogas como mecanismo para crearles dependencia y someterlos".
Según el funcionario, el tráfico de personas se facilita por el hecho de que generalmente son las víctimas de este delito, y no los traficantes, quienes resultan investigados y sancionados.
Y es que a pesar de la existencia de leyes que penalizan el comercio de personas, en la práctica no se cumplen.
LEYES QUE NO SE CUMPLEN
En 1921 se elaboró el primer instrumento internacional contra el tráfico de mujeres y niños, ratificado por el Estado colombiano en 1953.
Otro instrumento legal internacional contra este delito se adoptó en 1949 y fue el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena.
Con la firma de este acuerdo las naciones se comprometieron a perseguir y sancionar a los traficantes y dueños ilegales de casas de prostitución, así como a proteger y repatriar a las víctimas de este tráfico.
En 1994, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución en la que se pide eliminar la trata de mujeres con fines de prostitución. Y, más recientemente, la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, con el cual se denuncia la esclavitud, la explotación sexual y el trabajo utilizados en conflictos bélicos.
Otras entidades de la ONU como la Unicef, la Unifem y el Pnud han desarrollado programas para combatir la trata de personas; la Organización Mundial de Salud desarrolló estudios sobre las consecuencias físicas y sicológicas de la violencia contra la mujer, y hasta la Interpol ha celebrado varias conferencias sobre este delito.
En Colombia, el Comité Interinstitucional para la Lucha contra el Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas fue creado en 1996 con el propósito de desarrollar la política gubernamental sobre el tema con acciones de corto, mediano y largo plazo.
De este Comité hacen parte varias entidades del Estado y está liderado por el Ministerio de Justicia y Derecho.
Es responsabilidad de este Comité el establecer la política nacional e internacional del Estado colombiano, hacer las recomendaciones y coordinar las actividades dirigidas a la prevención y represión del delito de tráfico de personas, así como la rehabilitación y resocialización de las víctimas de este delito.
Durante el año 1997, las diferentes entidades que hacen parte de este Comité desarrollaron actividades enfocadas a la prevención del delito.
En el campo de la represión y judicialización, la Fiscalía General de la Nación elaboró un instrumento para el registro particular de los casos de tráfico de personas. Además, el DAS ha suscrito con la Interpol importantes convenios y cursos de capacitación.
Actualmente, el Gobierno Nacional trabaja con la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional en la elaboración de un proyecto piloto para conformar redes sociales en aras de prevenir el tráfico de personas, especialmente en 8 municipios del Eje Cafetero.
LA RUTA DE LAS COLOMBIANAS
A nivel histórico, el primer gran desplazamiento de colombianas se produjo a mediados de la década del 40. En dicha oportunidad, las mujeres fueron víctimas del tráfico, principalmente con destino a la prostitución hacia la isla caribeña de Curazao.
Desde inicios de los setenta hasta hoy, las mujeres colombianas son trasladadas a Europa, principalmente vía Madrid, para la industria sexual, matrimonios serviles y servicios domésticos.
Una vez llegaban al aeropuerto de Barajas, las colombianas eran trasladadas a Grecia, Holanda, Italia y Alemania.
A finales de los ochenta se inicia el tráfico de colombianas hacia el continente asiático, principalmente para la industria sexual y los matrimonios serviles.
Uno de los estudios más importantes sobre la presencia de mujeres colombianas ejerciendo la prostitución en Holanda lo realizó la Fundación Esperanza en asocio con el gobierno holandés.
Según sus conclusiones, la mayoría de prostitutas colombianas que hoy están en las calles holandesas, son oriundas de Antioquia, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.
La mayoría está entre los 18 y 25 años de edad, tienen un nivel de educación bajo --no terminó el bachillerato-- y en nuestro país se desempeñaban como obreras, vendedoras y desplazadas.
La organización no gubernamental también detectó que en la mayoría de casos, el modo de reclutamiento se hizo a través de europeos que se encontraban en Colombia, o de conocidos, amigos y familiares. Un porcentaje importante se animó a través de los avisos de prensa.
RECOMENDACIONES
El estudio presentado anoche da cuenta de unas conclusiones encaminadas a la prevención del delito, la represión efectiva de éste y la asistencia y protección de las víctimas como eje central de actuación.
En el primer campo, el escrito recomienda a las entidades involucradas implementar programas que generen conciencia sobre la magnitud y seriedad del problema y la capacitación de funcionarios y agentes sociales vinculados al tema.
También sugieren la realización de investigaciones, desde el punto de vista cualitativo y no solo cuantitativo, así como de campañas de información, y, finalmente implementar políticas de igualdad de la mujer y contra la discriminación y la violencia de género.
Frente a cómo reprender efectivamente este delito, la Comisión recomienda la adopción de unos cauces de trabajo multidisciplinario y coordinado entre los diferentes agentes y la coordinación policial y judicial a nivel nacional e internacional.
Una de las mejores medidas recomendadas por el estudio es establecer en la legislación tanto colombiana como internacional y la posibilidad de confiscar los bienes procedentes de esta actividad delictiva. También sugiere al gobierno colombiano adoptar los instrumentos internacionales tales como el Convenio de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y su Protocolo sobre Tráfico de Personas.
Finalmente, en procura de lograr una mejor asistencia y protección a las víctimas de este delito, el estudio recomienda establecer casas de acogida, tanto en el país de destino como en el de origen y establecer medidas como la protección a testigos, así como aquellas que facilitan la posibilidad del retorno voluntario de la persona al país de origen.