Declaran emergencia en San Miguel por fumigacion de cocales

Bogotá.--- Las autoridades de la población colombiana de San Miguel, en la frontera sur con Ecuador y Perú, se declararon en emergencia por los efectos de una campaña de fumigación de cocales prevista en el llamado Plan Colombia.
La medida fue hecha pública en un comunicado oficial de la Alcaldía de San Miguel, a más de 1.100 kilómetros de Bogotá, en la mayor región cocalera del país, en el conflictivo departamento del Putumayo.
Según la nota, que fue difundida por un portavoz del gobierno municipal en emisoras de radio locales, la destrucción de cultivos ilegales con la fumigación de glifosato desde el aire ha provocado una "grave situación" en las zonas rurales de la localidad.
La ofensiva de erradicación ha afectado siembras legales y ha obligado a un número de campesinos, que no fue determinado, a desplazarse a la zona urbana de San Miguel.
En la nota, las autoridades de esta población de unos 25.000 habitantes advirtieron de que las comunidades rurales han amenazado con viajar a la capital colombiana para protestar, si es necesario hasta con una huelga de hambre, en caso de que no se les ofrezcan soluciones inmediatas.
El gobierno del presidente Andrés Pastrana fue exhortado a que intervenga de inmediato con el envío a San Miguel del consejero para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, Gonzalo de Francisco, encargado de la articulación del Plan Colombia en el Putumayo.
Según cifras oficiales, este departamento selvático concentra cerca de la mitad de las 122.000 hectáreas sembradas con matas de coca que existen en el país.
La mayoría de los cultivos de la región están considerados como "industriales", y su destrucción ocupa un lugar preferente en el Plan Colombia, una iniciativa de Pastrana contra el narcotráfico y a favor del desarrollo alternativo y el fortalecimiento institucional.
Este programa tiene un coste de 7.500 millones de dólares, de los que 4.000 provenientes del presupuesto nacional y los otros 3.500 de aportaciones del exterior, entre ellas 1.300 millones de dólares asignados por el gobierno estadounidense, mayoritariamente en ayuda militar.
Varias comunidades del Putumayo, entre ellas algunas indígenas, han firmado pactos de destrucción manual de cocales que comprometen al Gobierno a financiarles cultivos alternativos.