Situación judicial de García le impider volver a Perú

LIMA.--- El ex mandatario y candidato presidencial peruano Alan García se expone a ser arrestado cuando regrese a Perú poniendo fin a ocho años de exilio forzoso, si la justicia de su país no suspende la orden de captura que pende sobre él, recordó el procurador del Estado Jorge Melo.
Melo declaró que existe "una resolución de detención vigente emitida por el Poder Judicial, que la policía y el ministerio público deben ejecutar" cuando García concrete su anunciado retorno para intervenir en la campaña electoral de cara a las elecciones generales de abril del 2001.
García anunció la mañana de este miércoles desde Bogotá que confía en volver antes de 10 días, pero para evitar su captura requiere que el gobierno antifujimorista abrogue una ley emitida por el gobierno del destituido presidente Alberto Fujimori que lo declaró reo contumaz en un proceso de tenencia de armas.
La modificación de su condición de reo contumaz podría ocurrir en breve si la Corte Suprema acepta la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordena no aplicarle la ley de contumacia al ex jefe de Estado por irregularidades en el proceso.
El ministro de Justicia, Diego García Sayán, aclaró que el gobierno no ha ordenado acatar lo dispuesto por la CIDH sino que simplemente trasladó a la Corte Suprema la sugerencia que es evaluada por los magistrados, en lo que fue intepretado como un intento del gobierno por despolitizar el caso.
García ha manifestado su disposición a someterse a la justicia cuando regrese, pero recusa las acusaciones elaboradas por jueces que considera actuaron bajo la presión de su enemigo político Alberto Fujimori.
El ex mandatario, de 51 años, permanece como refugiado político en Colombia desde 1992, a pesar de residir en Francia desde hace más de seis años, y el lunes fue inscrito como candidato a la presidencia por su grupo político el socialdemócrata Alianza Revolucionaria Americana (APRA).
En abril de 1992 un autogolpe de Fujimori por el cual éste disolvió el Congreso, lo obligó a huir por los techos de su vivienda para eludir un cerco militar que pretendía capturarlo.
El procurador Jorge Melo -nombrado por el gobierno de Fujimori- investiga desde 1992 la gestión de García (1985-1990) ha recordado que el ex presidente tiene que responder ante la justicia por los procesos abiertos "por enriquecimiento ilícito, y haberse aprovechado del cargo de presidente para obtener de forma ilegal".
En resumen -resaltó- le imputa cargos por presunta responsabilidad en "la reducción de la compra de aviones Mirage, depósitos del Banco Central de Reserva (en las arcas del Banco de Crédito y Comercio Internacional -BCCI-) cuentas en el exterior y sobornos por la construcción del tren eléctrico".
Explicó que García incurrió en corrupción en el caso del proyecto de un tren eléctrico que Italia se comprometió a construir en Lima tras acuerdos entre el gobierno de García y el del entonces primer ministro italiano Bettino Craxi, y por el cual lo acusa de recibir presuntas comisiones ilícitas.
Melo recordó incluso que queda por esclarecer la renegociación en la compra de 26 aviones Mirage 2000 que tuvo lugar en 1985 entre el gobierno de García y el gobierno francés que presidía Francois Mitterrand.
En este caso -se quejó- "hemos recibido escasísima información de parte de Francia y hay documentos que jamás ha contestado" y para avanzar en la investigación se requiere de mayor colaboración a nivel internacional pára lograr un nivel de pruebas.
"Existen informes y colaboraciones que están pendientes por realizar", acotó.
En 1985, García se convirtió a sus 36 años de edad en el presidente más joven de Perú, pero al culminar su período en 1990 se le iniciaron juicios por enriquecimiento ilícito, malversación de fondos del Estado, peculado y otros.