Fallos de la Corte afectaran a todos los colombianos:minhacienda

BOGOTÁ.----Los recientes fallos de la Corte Constitucional, que impiden que el Gobierno adopte libremente medidas para ajustar las finanzas estatales, afectarán a todos los colombianos, advirtió el ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos.
Según el titular de la cartera de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno se encuentra en una camisa de fuerza con las medidas.
"La Corte parece que quisiera poner en una camisa de fuerza al Ministro de Hacienda y al Gobierno porque cada vez que vamos a tomar acción, de pronto aparece un fallo que nos pone contra la pared e imposibilita una política para mejorar la economía", insistió.
Al fallo de la Corte Constitucional que ordena el ajuste de los salarios de los funcionarios públicos con base en la inflación causada en 1999 y con carácter retroactivo, se sumó anoche la declaración de inconstitucional del artículo 42 de la Ley 489 que autorizaba las facultades que le permitían al Ejecutivo fusionar o reestructurar instituciones adscritas a los ministerios.
El Ministro de Hacienda aclaró que el Gobierno debe acatar los fallos, lo que exige correcciones en los proyectos de ajuste fiscal.
En lo corrido del año, los costos de los fallos de la Corte ascienden a 1,1 billones de pesos y para el año entrante se prevé que estos exigirán sobrecostos por dos billones de pesos.
Dentro de las propuestas de ajuste fiscal se incluye hacer más dura la reforma tributaria y reducir la nómina estatal.
Desde 1995 hasta ahora, se estima que el Gobierno ha tenido que desembolsar casi ocho billones de pesos para cumplir con las exigencias de los fallos de la Corte Constitucional, explicó Santos.
El Ministro explicó que los procesos de ajuste se adaptarán a las realidades legales pero no se aplazarán, por lo que el Gobierno tendrá que presentar los proyectos complementarios al Congreso de la República.
La semana entrante el Gobierno radicará un proyecto de acto legislativo sobre las transferencias que además de proponer ajustes a las finanzas territoriales, se plantea la extensión del período de alcaldes y gobernadores a cuatro años.
El director Ejecutivo de Fedesarrollo, Juan José Echavarría, consideró que la Corte Constitucional no está teniendo en cuenta con sus fallos el impacto que estos pueden tener sobre todos los individuos del país.
"Yo me pregunto si en la Constitución del 91 alguien dice que los asalariados tienen preferencias sobre los desempleados. Hay un artículo que dice que todo colombiano tienen derecho a un trabajo digno y eso no está en la consideración de la Corte", dijo.
Explicó que en momentos de recesión se satura la oferta de mano de obra, lo que baja los salarios, por lo que la decisión de la Corte actúa en contra del mercado y eso crea desempleo.
"Me parece aterrador que un magistrado diga que no tiene que saber de economía y no entiendo cómo cuando se habla de justicia social no se tiene en cuenta el impacto económico de las decisiones. Si esos mayores salarios crean desempleo, ¿por qué la Corte prefiere a los asalariados?", cuestionó.
El gerente General del Banco de la República, Miguel Urrutia, consideró que no es viable volver inflexible la economía.
"Lo que es fundamental para el buen funcionamiento de toda economía es que sea flexible; no se pueden establecer reglas inflexibles establecida o por la Corte o procesos legislativos; a las economías hay que dejarle flexibilidad", reiteró.
El Gerente de la autoridad macroeconómica insistió en que la Corte Constitucional no ha tenido en cuenta los limitantes presupuestales y se debe legislar para aumentar el cubrimiento de los derechos fundamentales.
El Presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), Armando Montenegro, advirtió sobre la importancia de elegir como magistrados de la Corte Constitucional a personas prudentes, moderadas y que tengan conocimientos económicos.
Además, consideró necesaria una reforma para limitarle los poderes económicos a la Corte en materia de reordenamiento del gasto.
"En todas las democracias del mundo la entidad que ordena el gasto es el Congreso de la República por iniciativa del Gobierno. La Corte se ha convertido en un poder supremo que ordena y tiene poder sobre el Congreso y el Gobierno creando este tipo de calamidades sobre las finanzas públicas", explicó.