Gobierno dialogará canje con Farc si resuelve caso pirata aéreo.

BOGOTÁ.--- El Gobierno colombiano advirtió que "está dispuesto" a dialogar sobre el intercambio humanitario en la mesa de negociaciones" con las FARC, siempre y cuando se supere el "impasse" que generó el pirata aéreo Arnubio Ramos, admitió el ministro del Interior, Humberto de la Calle.
Según el alto cargo, es prioritario resolver el caso de Ramos, un guerrillero que estaba preso, secuestró un avión y lo obligó a aterrizar en la zona desmilitarizada del sur del país, el pasado 8 de septiembre, para huir.
De la Calle Lombana insistió también que el Gobierno "siempre ha estado dispuesto a tratar en la mesa el tema del canje" o intercambio de unos 450 guerrilleros presos en cárceles del país por los más de 550 soldados y policías secuestrados por las FARC, algunos desde diciembre de 1997.
"El balón está en las manos y en el terreno de las FARC, el Gobierno ha presentado opciones y está esperando una respuesta del grupo alzado en armas", afirmó el ministro del Interior.
El Gobierno, agregó De la Calle a periodistas, "ya presentó varias alternativas sobre Ramos y sólo espera una respuesta concreta por parte de las FARC".
Los diálogos, concluyó el ministro, "son el instrumento y la vía para hallar una solución negociada" al conflicto armado en Colombia, puntualizó el titular de la cartera política.
El pirata aéreo Ramos, que era trasladado a la ciudad sureña de Florencia a una citación judicial, obligó a aterrizar el avión de la empresa "Aires" con 23 ocupantes en San Vicente del Caguán, la principal de las cinco localidades del este y el sur de Colombia, que integran el área neutral de 42.139 kilómetros, declarada para las negociaciones.
Arnubio Ramos estaba recluido en una cárcel bogotana desde 1998, cuando fue detenido en el departamento del Caquetá, del que es capital Florencia, como presunto responsable de la muerte de un policía.
Desde el mismo día del secuestro y la fuga, el Gobierno del presidente Andrés Pastrana ha insistido en la necesidad de que el guerrillero sea devuelto a las autoridades judiciales, lo que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han rechazado.