Ley de ajuste territorial paso a último debate

BOGOTÁ.--- La ley de racionalización de municipios y departamentos, cuyo trámite estuvo aplazado debido a la reciente crisis política, fue aprobada por la Comisión primera del Senado.
El proyecto pasó al último debate reglamentario en la plenaria del Senado.
La norma, que hace parte del ajuste fiscal que adelanta el Gobierno para equilibrar la economía y promover su crecimiento, establece un recorte de cinco billones de pesos, durante los próximos cuatro años en los entes territoriales.
El proyecto facilita mecanismos de reestructuración de las deudas territoriales que hoy ascienden a $4,5 billones. Los gobernadores y alcaldes deberán presentar propuestas en tal sentido.
Según el proyecto, el Gobierno central otorgará garantías hasta del 40 por ciento de la deuda vigente al 31 de diciembre de 1999, siempre y cuando las entidades territoriales se acojan a procesos de saneamiento fiscal y las refinanciaciones bancarias mejoren los plazos y los costos.
Con la iniciativa gubernamental, los departamentos y municipios tendrán herramientas para racionalizar los gastos, explicó esta noche el ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo.
El Ejecutivo invitó a los organismos de control, así como a las Asambleas, Concejos y Personerías a promover una reducción de $5 billones en el déficit fiscal agregado del sector público.
La reducción de los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales sería cercana a 0,5 por ciento del PIB en el año 2001 y de 0,7 por ciento en el año 2002 y siguientes.
La Nación garantizará hasta el 100 por ciento de nuevos créditos si se orientan a financiar el ajuste fiscal (indemnizaciones y pasivos de personal).
Restrepo advirtió que los alivios no significan condonaciónpuesto que serán beneficiadas sólo las entidades territoriales que cumplan los límites de gasto establecidos por la nueva Ley.
Las entidades tendrán que constituir contragarantías a favor de la Nación a través de un mecanismo de fiducia.
El proyecto limita los gastos de funcionamiento, exige que se ajusten a los recursos disponibles y acaba con la práctica de asumir compromisos de gasto por encima de las posibilidades de cumplimiento. Así se evitarán demoras o el no pago de salarios o pensiones y los municipios y departamentos podrán liberar recursos importantes para inversión social, indicó el funcionario.
El proyecto determina el valor máximo de los gastos de funcionamiento en las Contralorías (municipales, departamentales y distritales) y en los Concejos.
Los departamentos y municipios se clasificarán en diversas categorías según su capacidad de gestión administrativa y de acuerdo con su población e ingresos corrientes.
La futura ley racionaliza los períodos de sesiones de Asambleas y Concejos y propone el pago de honorarios de diputados y concejales durante un número limitado de sesiones, a fin de que el gasto de estas corporaciones sea proporcional al grado de sus actividades.
También se eliminan las Contralorías en los municipios pequeños y establece que operaran sólo en aquellos con capacidad financiera con más de 100 mil habitantes.
La Ley determina nuevos requisitos para la creación de municipios; por ejemplo, que cuenten con población suficiente que pueda financiarlos.
Además, permite que celebren convenios entre sí, con la Nación o con entidades descentralizadas para la prestación de servicios.