Pastrana repudia masacres de paramilitares y anuncia lucha sin tregua

El presidente colombiano, Andrés Pastrana, repudió este miércoles las acciones violentas de los paramilitares derechistas, que según la Fiscalía dejan más de 70 muertos, sin incluir otras 20 personas que habrían sido asesinadas durante una nueva incursión de esos grupos.
"Como la más atroz violación al más sagrado de los derechos, el derecho a la vida, debo condenar las masacres que en los días recientes han cometido los grupos de autodefensa (paramilitares), que son una de las más preocupantes expresiones de la degradación del conflicto", dijo Pastrana al instalar una cumbre de gobernadores en la ciudad de Valledupar (norte).
El procurador provincial de la localidad de Carmen de Bolívar, Julio Sánchez, anunció este miércoles la muerte de unos 20 campesinos en una aldea del vecino municipio de Córdoba (950 km al norte de Bogotá), al parecer a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha).
Según el funcionario, un grupo de campesinos que fue a su oficina a denunciar el hecho, aseguró que la masacre tuvo las mismas características de las que los paramilitares ejecutaron en la última semana en caseríos de Carmen de Bolívar y el cercano municipio de Ovejas, donde asesinaron a por los menos 54 labriegos.
Otras 20 personas murieron en los últimos días durante una incursión de las AUC en la caribeña Sierra Nevada de Santa Marta, donde también combatieron con las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas).
El Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI) asegura que las víctimas de Carmen de Bolívar, unas 37, eran civiles" y no combatientes de las AUC y las FARC, como sugirieron jefes militares.
Pero en una carta remitida este miércoles al jefe del CTI, Pablo González -que dijo que los criminales bailaron y bebieron licor antes de cometer la matanza-, las AUC indican que los muertos eran rebeldes de las FARC, señalados por guerrilleros desertores, ahora en sus filas.
Pastrana reiteró en Valledupar la "voluntad" de su gobierno de combatir a los paramilitares "sin tregua ni descanso", como, según dijo, lo vienen haciedo indistintamente las Fuerzas Armadas contra estas organizaciones y las guerrillas izquierdistas.
"En este sentido no debe existir la más mínima duda", agregó Pastrana, tras anunciar la creación de un comité gubernamental que coordinará los planes de defensa y promoción de los derechos humanos y destacar los "esfuerzos" que en tal sentido realizan las fuerzas armadas.
Las declaraciones del mandatario coincidieron con la publicación de un informe de la organización Human Rights Watch (HRW), en el que se denuncia que la mitad de las 18 brigadas del Ejército colombiano y algunos de sus oficiales, colaboran con paramilitares responsables de atrocidades contra la población civil.
El documento fue rechazado por el vicepresidente, Gustavo Bell, y el comandante de las Fuerzas Militares, general Fernando Tapias, que coincidieron en señalar que el mismo tiene por fin "entorpecer" el trámite legislativo de una ayuda por 1.300 millones de dólares propuesta por el presidente estadounidense, Bill Clinton, para Colombia.
"Debo rechazar la explícita intención del informe de instrumentalizar el tema de los derechos humanos con el objetivo evidente de entorpecer el trámite legislativo de la ayuda norteamericana", señala un comunicado leído por Bell.
La organización humanitaria asegura que la asistencia económica y militar examinada actualmente en el Congreso estadounidense no incluye medidas claras y concretas para romper los vínculos entre los militares y las autodefensas.
En una carta dirigida a la secretaria de Estado, Madeleine Albright, HRW le urgió a endurecer las condiciones sobre respeto a los derechos humanos acopladas a la mencionada ayuda, con la que Pastrana piensa financiar el "Plan Colombia", una estrategia para combatir el narcotráfico, pacificar el país y reactivar la economía.
Bell también rechazó la "intención" del informe de establecer vínculos entre los grupos de autodefensa y las Fuerzas Militares", y señaló que si bien el gobierno ha recocido "eventuales" nexos entre algunos miembros de los organismos de seguridad y dichos grupos, esto no constituye una política institucional de apoyo a los mismos.