OFENSIVA INTERNACIONAL PARA APUNTALAR LA DEMOCRACIA ECUATORIANA

Varios organismos internacionales han lanzado una ofensiva diplomática sobre Ecuador para intentar apuntalar su maltrecha democracia y colaborar con las alternativas para superar la gravísima crisis económica que soporta.
Las organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) y de Estados Americanos (OEA) han delegado a emisarios para conocer lo que pasa y colaborar en la solución de los problemas que amenazan con desbordarse.
El secretario general de la OEA, el colombiano César Gaviria, empezó ya una vista a Ecuador que incluye entrevistas con autoridades, políticos y dirigentes sociales.
Gaviria, hasta el viernes, prevé conocer la magnitud de la crisis ecuatoriana y formular alternativas de solución.
También el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Thomas Pickering, llegará al país mañana, miércoles, para conocer de cerca la situación.
Comisiones de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el Programa de Desarrollo (PNUD) de las Naciones Unidas visitarán Ecuador en una próxima fecha para evaluar la situación y proporcionar asistencia técnica con el fin de resolver algunas dificultades sociales.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) también han decidido visitar el país.
Esas entidades internacionales han ofrecido su apoyo, con el único objetivo de que los ecuatorianos, por la senda democrática, logren concretar soluciones a sus acuciantes dificultades, que son muchas.
Ecuador ha solicitado a los organismos, de forma urgente, una ayuda que ofrezca a las autoridades locales herramientas que permitan controlar el descontento social que ha puesto en riesgo la vigencia del sistema democrático.
El pasado 21 de enero, un golpe de Estado, comandado por militares rebeldes y miles de indígenas, derrocó al entonces jefe del Estado, Jamil Mahuad, y luego se diluyó para dar paso a la sucesión en favor del vicepresidente Gustavo Noboa, ratificado en el poder por el Congreso.
Tras la asonada golpista, la situación no ha cambiado, pues los sectores sociales exigen la disolución del Congreso y la reestructuración de la Corte Suprema de Justicia, para lo cual han iniciado una campaña de recogida de firmas para forzar a la celebración de un plebiscito con ese y otros fines.
Las organizaciones populares, especialmente la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), se oponen al esquema de "dolarización" de la economía, el proceso de privatizaciones que promueve el Ejecutivo y, además, alientan a una moratoria unilateral, por 20 años, de la deuda exterior.
El Ejecutivo está empeñado en apuntalar su esquema, como la única salida que dice tiene el país para superar la crisis y dirigir a la nación hacia un proceso de desarrollo y modernización.
No obstante, las organizaciones sociales aseguran que la "dolarización" y todas sus leyes complementarias sólo agravarán la situación interna y afirman que es por ello que, intuitivamente, la población ha rechazado la política del Ejecutivo.
El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la mayor central obrera de Ecuador, calificó como "una declaración de guerra" a la denominada "Ley Trolebús", con la que el Gobierno pretende apuntalar su esquema económico, y amenazó con emprender acciones de protesta si los poderes públicos la aprueban.
El Ejecutivo envió al Parlamento dicho cuerpo legal para que sea tramitado en un máximo de sesenta días, es decir, casi un mes antes del plebiscito propuesto por los sectores sociales y en los que se incluye una pregunta sobre la "dolarización".
Si la consulta popular se efectuara hoy, la propuesta del Ejecutivo perdería, pues el 73 por ciento de los ecuatorianos se opone a la adopción del dólar y ratifica su disposición de mantener al sucre como moneda local, según una encuesta de la firma privada Cedatos.