LAS PROTESTAS EN ECUADOR SE INTENSIFICAN PESE A ADVERTENCIAS DE AUTORIDADES

Las protestas en Ecuador encabezadas por el movimiento indígena se han intensificado pese a que el Ejecutivo y, sobre todo, las fuerzas del orden hayan señalado que la radicalización de las manifestaciones podría tener consecuencias lamentables.
Después de once días de protestas, las fuerzas sociales se han fortalecido y el movimiento se extiende por toda la nación.
En la capital miles de indígenas mantienen de forma indefinida la denominada "toma simbólica de Quito", con la que pretenden forzar a la reestructuración completa de las tres funciones del Estado, pero especialmente la renuncia del presidente, Jamil Mahuad.
El masivo apoyo al movimiento indígena ha alertado a las fuerzas de seguridad del Estado ante la posibilidad de que los manifestantes ocupen el Congreso.
Cientos de indígenas se situaron el jueves en las inmediaciones del recinto Legislativo, lo que hizo pensar que pretendían irrumpir en el edificio, que está protegido por policías y militares.
Un cordón de alambre de púas rodea al edificio y se ha instalado un sistema de alarmas, que alertaría sobre cualquier intento de sobrepasar las barreras.
Además las fuerzas militares han desplegado un amplio operativo de seguridad que, incluye francotiradores, que vigilan los movimientos de los manifestantes.
Algunos de los indígenas agredieron a varios transeúntes que pasaban cerca del Palacio legislativo, les pintaron las caras y les obligaron a bailar.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) pidió disculpas por lo sucedido y aseguró que no se repetirán esos actos ya que uno de los objetivos de la movilización es demostrar "el respeto hacia los demás".
La Iglesia Católica ha solicitado a los manifestantes y a las autoridades que abandonen las actitudes hostiles y busquen salidas a las dificultades, ya que pueden generar conflictos mayores.
El secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, monseñor José Eguiguren, aseguró que la Iglesia debe fomentar una "cultura de diálogo", sobre todo en Ecuador, un país afectado por una "crisis de desacuerdos", dijo.
Según el prelado, la crisis social ha sido el resultado de dos décadas de desaciertos económicos y políticos que han causado que más del 70 por ciento de los doce millones de ecuatorianos se encuentren en niveles de pobreza y el 40 por ciento en el "límite de la indigencia".
El prelado censuró también que los manifestantes propongan disolver los poderes del Estado para formar un "gobierno popular", ya que según la visión de la Iglesia, siempre el mejor camino es el democrático que evita la anarquía y la profundización de los problemas.
"No podemos retornar al deporte de los golpes de Estado", pero se requiere de una "racionalidad" general que tenga como centro "la justicia social", subrayó Eguiguren en un llamamiento a las autoridades y manifestantes para defender la paz y el respeto.