APOYO OFICIAL A VENEZOLANOS ACUSADOS DE REBELION EN COLOMBIA

El Gobierno venezolano reiteró que dará "todo el apoyo logístico y jurídico" para que los familiares de cuatro venezolanos, detenidos en Colombia por "rebelión militar", lleven el caso ante organismos de justicia internacionales.

"Estamos totalmente convencidos de que esos venezolanos no participaron en actos subversivos, y por eso respaldaremos las iniciativas para que el asunto llegue hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)", declaró el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, José Vicente Rangel.

La detención de los cuatro venezolanos, la desaparición de dos y la muerte de otros dos, se produjo el pasado 26 de mayo, cuando el grupo se internó en territorio colombiano con el fin de participar, según sus familiares, en una jornada de reflexión sobre la paz organizada por la guerrilla.

El grupo de venezolanos fue sorprendido por unidades del Ejército colombiano que detuvo a Pedro Guzmán, Carlos Pino, Miguel Salazar y Carlos Zambrano, mientras que Javier Arias y Manuel Ortiz desaparecieron en la operación y Eriberto Egurrola y William Villamizar fueron localizados, días después, flotando en un río fronterizo con muestras de haber sido torturados y mutilados.

Rangel repitió, como lo hizo en anteriores ocasiones, que era "injusta" la detención de los cuatro venezolanos, los cuales están recluidos en la cárcel de La Picota, cerca de Bogotá, y lamentó que "no hayan sido tenidas en cuenta por las autoridades colombianas todas las explicaciones que hemos dado sobre el caso".

La preocupación por los detenidos llegó también a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que el pasado 8 de septiembre decidió apoyar otra iniciativa para informar del asunto al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con oficina de esta agencia de la ONU en Bogotá.

Además, a finales de agosto, el Movimiento Revolucionario Tupamaro, un grupo izquierdista de origen y composición confusa, puso varias bombas en sedes diplomáticas colombianas en Caracas, "como respuesta al arresto de los cuatro venezolanos", y anunció que seguiría atentando contra intereses colombianos mientras durase la detención.

Posteriormente, la posición de la Cancillería venezolana fue calificada de "prejuzgamiento inaceptable" por parte del Gobierno colombiano, lo que sirvió para que Rangel ratificase la presunción de que también fueron militares colombianos los que mataron a los dos venezolanos que acompañaban a los cuatro detenidos