SINDICATOS AFIRMAN EJÉRCITO QUE TIENE VIINCULOS CON PERSEGUIDORES

Los dirigentes de los principales sindicatos obreros de Colombia han acusado al Ejército de estar relacionado con los paramilitares, supuestos instigadores del asesinato el pasado martes, de uno de los líderes sindicales de la más importante central sindical colombiana.

Wilson Borja, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Estado (FENALTRASE), aseguró que el grupo que persigue a los dirigentes sindicales "tiene vínculos con el Ejército".

Esas acusaciones fueron realizadas por Borja en unas declaraciones a los periodístas en el sepelio de Jorge Ortega, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), cuyo cadáver fue trasladado hoy a Cartagena, capital de la región de la que era oriundo, y sepultado en la localidad de San Jacinto.

El dirigente de la CUT, la principal central obrera de Colombia, con más de 250.000 afiliados, fue asesinado el pasado 20 de octubre por un pistolero que le disparó seis veces cuando llegaba a su casa, tras una jornada de negociaciones entre los sindicatos y el Gobierno.

Las negociaciones buscan poner fin a 16 días de huelga indefinida de los empleados públicos, en protesta por las políticas económicas y por un aumento salarial en 1999 del 14 por ciento ponderado, cuatro puntos por debajo de la inflación esperada para este año en Colombia.

Un hermano del sindicalista asesinado, cuyo nombre no fue dado a conocer, dijo en el entierro de Ortega que este fue asesinado por el "B-2", los servicios secretos del Ejército, quienes, según Ortega, seguían a su hermano desde hace varios días.

Otros familiares indicaron que el domicilio del sindicalista fue asaltado una semana antes del crimen, pero los intrusos no sustrajeron nada.

Las centrales obreras han entregado al Gobierno detalles sobre la operación de seguimiento del que son objeto los líderes obreros y características del grupo de sus perseguidores, que aseguró son una veintena de paramilitares.

Ortega rechazó haces unos meses la escolta que le ofreció la Policía, tras un acuerdo firmado entre el Gobierno y defensores de los derechos humanos y sindicalistas para garantizar la seguridad del dirigente obrero asesinado