GOBIERNO MEXICANO DISPUESTO A EXTRADITAR A LAVADOLARES

El Gobierno mexicano está dispuesto a extraditar a Estado Unidos a los empleados bancarios y narcotraficantes implicados en el lavado de dinero descubierto en la operación "Casablanca", afirmó Eduardo Ibarrola, subprocurador jurídico de la Procuraduría General de la República.

El funcionario aseguró que las autoridades mexicanas mantendrán una estrecha cooperación con las de Estados Unidos para lograr la extradición de los presuntos responsables en operaciones de lavado de dinero producto del narcotráfico y a proporcionar asesoría legal en los procesos judiciales.

En conferencia de prensa Ibarrola explicó anoche que las autoridades mexicanas realizarán sus propias investigaciones, que "llegarán hasta sus últimas consecuencias", y aseguró que no habrá impunidad, "incluso en caso de que haya involucrados altos funcionarios bancarios".

Ibarrola dijo que el Gobierno mexicano no ha recibido ninguna solicitud de extradición, aunque aclaró que esta información es confidencial a menos que el país solicitante la divulgue.

Las autoridades estadounidenses anunciaron ayer, lunes, los resultados de la operación "Casablanca" sobre el narcotráfico y lavado de dinero, durante la cual se detuvo a 26 empleados de 12 bancos mexicanos que operan en este país.

Acompañado de los funcionarios de la Procuraduría Samuel González, de la Unidad contra la delincuencia organizada, y de Luis Lázaro, de la coordinación de análisis, el subprocurador aseguró que la cooperación entre México y Estados Unidos no se verá afectada por la operación "Casablanca".

Ibarrola afirmó que cada país tiene un ámbito de acción para efectuar acciones conjuntas y otras de manera unilateral, sin informar a su contraparte, así que México también realiza multitud de investigaciones, una actividad "incesante e impresionante" que no se hace pública ni se da a conocer a las autoridades estadounidenses.

Explicó que la operación "Casablanca" fue una acción "encubierta" que Estados Unidos no dio a conocer porque había riesgos para sus propios agentes y afirmó que no sólo involucra a ciudadanos mexicanos sino también a personas de otros países, aunque ésto lo darán a conocer las autoridades de Estados Unidos cuando lo crean conveniente.

Los funcionarios de la PGR afirmaron que actualmente México es uno de los países que cuenta con una legislación de las más avanzadas para combatir el lavado de dinero, no sólo del narcotráfico sino de cualquier actividad delictiva, que está tipificado en los Códigos Fiscal y Penal.

Explicaron que la detección de lavado de dinero es una de las actividades más complicadas debido a que las organizaciones criminales utilizan los más complejos mecanismos para penetrar en el sistema financiero internacional.

Generalmente la operación de lavado no se realiza en los países donde se generan los recursos sino que se expanden por otros para establecer una red, por lo que se requiere de la más completa cooperación internacional y un sólo país por sí solo es incapaz de detectar esas acciones.

Por otra parte, ayer los dos partidos opositores más importantes de México exigieron al presidente, Ernesto Zedillo, que de una explicación sobre las acusaciones de lavado de dinero en bancos mexicanos y la situación del sistema financiero.

Los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) coincidieron en señalar que las denuncias ponen en duda el funcionamiento del sistema financiero mexicano.

El PRD pidió al presidente de la República que hable a la nación para informar detalladamente de la situación del sistema bancario del país y deslindar al Gobierno de cualquier responsabilidad en los delitos de lavado de dinero.

Por su parte, el PAN pidió al gobierno que de una respuesta clara y precisa sobre las acusaciones de lavado en bancos de México y que, en caso de no estar de acuerdo, que presente una nota diplomática de protesta