Un arroyo de La Guajira que se siente en Europa

La controversia está en manos de la Corte Constitucional pero las discusiones han llegado hasta el viejo continente donde están los accionistas de la compañía y de donde provienen recursos para varias ONG que hablan en nombre de las comunidades.

Si usted mira bien el mapa de La Guajira entenderá que en ese departamento caribeño no hay muchos ríos y que buena parte de su territorio es semidesértico. El agua ha sido allí un bien escaso pero la situación empeora cada día como consecuencia de la crisis climática planetaria que eleva las temperaturas y hace más extremas tanto las temporadas secas como las lluviosas. Esas circunstancias explican la importancia que ha tenido el caso de esta fuente hídrica cuya suerte depende de una acción de tutela que deberá resolver la justicia colombiana. 

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El gobierno Duque no logró terciar en este este pleito que es emblemático tanto para la industria como para los ambientalistas y ahora ese “chicharrón” lo heredará el gobierno entrante que ha prometido “descarbonizar” la economía nacional, pero necesita esos recursos justamente cuando el precio del mineral alcanza precios históricos. Para la industria carbonífera están en juego las condiciones que necesita para sus explotaciones previamente pactadas con el Estado y, para varios activistas ambientales y de Derechos Humanos, se trata de ver la capacidad del Estado para evitar que esas explotaciones se hagan de cualquier manera.

Para muchas familias wayúu, se trata de algo más sencillo: su miedo a morir de hambre y de sed. Eso dice Aura Robles, una líder wayúu de Paradero, una de las dos comunidades que “entuteló” a la empresa Cerrejón. La señora Robles habla con la convicción de quien, siendo niña, dice haber recibido de sus ancestros el relato de un sueño que la ponía como guardiana de su territorio. Al recordar esa época, no logra contener las lágrimas enumerando robles, caracolíes, guáymaros, peces y frutos. Niega que su pretensión sea obtener recursos de la compañía porque, subraya, el dinero no compraría el agua que podría faltarle a las futuras generaciones. Escuche aquí su testimonio.

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El Colectivo de Abogados CAJAR representa a dos clanes wayúu, incluyendo el de Doña Aura. La abogada Rosa Mateus ha estado al frente del caso y espera lograr que la Corte Constitucional resuelva una medida cautelar a favor del arroyo Bruno y que este sea devuelto a su cauce anterior, mientras se hacen estudios para determinar los eventuales efectos de la explotación cerca de él y establecer qué pasaría si se expande el tajo minero. Las medidas cautelares que espera deberían, según ella, tener en cuenta los efectos de la crisis climática en una zona tan compleja. Mateus considera que el gobierno Duque no ha sido un árbitro imparcial en este caso, sino que ha sido capturado por la industria. Como prueba de ello, argumenta que las decisiones gubernamentales se han tomado usando como base informes hechos por la propia empresa.

Según esa ONG, el Bruno no ha sido la única fuente hídrica afectada y asegura que otras se han secado (algo que la empresa niega). Explica que la justicia ordenó crear una mesa interinstitucional para resolver las incertidumbres, evaluar los efectos y hacer seguimientos a las compensaciones a los demandantes. En esa instancia, mayoritariamente conformada por entidades oficiales, también se sienta Cerrejón. Este comité, cuyo vocero ha sido el Ministerio de Ambiente, parece inclinarse a decir que todo está resuelto o a evitar pronunciamientos de fondo. Caracol Radio quiso conocer el diagnóstico y las apreciaciones de sus funcionarios, pero no recibió respuesta.

Lo que está en juego en este este caso es la capacidad del Estado para imponer mayores estándares ambientales a la empresa. Si lo hace, podría enfrentar una demanda en tribunales internacionales con el argumento de un eventual incumplimiento de acuerdos de protección de inversiones. A pesar de ello, los activistas consideran que hay impactos ambientales, culturales, sociales y de salud no resueltos. Por esa razón, han llegado incluso a llevar su causa hasta Europa buscando, por ejemplo, que países como Alemania no compren su carbón. Lograr tal propósito parece difícil porque, en medio de la tensión geopolítica con Rusia, sus gobiernos buscan desesperadamente otras fuentes de energía y aplazaron sus metas de adopción de tecnologías eléctricas más limpias. Escuche las apreciaciones del Doctor Weildler Guerra Curvelo, antropólogo y ex gobernador de La Guajira, quien es profesor de la Universidad del Norte

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No hay plazos definidos para que la Corte Constitucional profiera una sentencia. Ese tribunal pidió conceptos a decenas de entidades y expertos que siguen entregando sus argumentos. Una de esas instituciones es la autoridad ambiental del departamento que parece jugar un rol de equilibrista entre los intereses de unas comunidades que defienden sus derechos y una empresa de cuyas actividades depende casi la mitad de la economía de la región. Escuche a Samuel Lanao, director de Corpoguajira.

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Hace años Cerrejón quiso desviar el río Ranchería para ampliar sus explotaciones mineras sin afectar ese cauce. La idea fue rechazada por la población guajira que no quería arriesgar su mayor fuente hídrica. Como en ese momento los precios del carbón estaban bajos, la empresa tampoco insistió en esa obra colosal que no lucía rentable. Sin embargo, obtuvo luego autorización para desviar el arroyo Bruno, un afluente que alimenta el Ranchería. Al hacerlo, la relación con algunas comunidades wayúu se fracturó y dio paso a un pleito. La empresa ha defendido los beneficios ambientales que ha generado el proceso de desvío, pues asegura que el viejo cauce se ha convertido en un bosque y los alrededores del nuevo trazado son también un refugio para cientos de especies de fauna y flora, algunas de ellas en riesgo de extinción. El profesor Johny Pérez Montiel de la Universidad de La Guajira ha escuchado varias veces esos argumentos, pero considera que esconden imprecisiones. Pérez, junto a otros académicos, ha revisado los estudios de la empresa que soportan el desvío y dice que los verdaderos efectos de esta intervención a la naturaleza aún están por verse.

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Para la empresa, sin embargo, el agua no se perdió. Lo dice Luis Francisco Madriñán, gerente ambiental del Cerrejón, al tiempo que explica que la modificación del cauce busca evitar que el arroyo se vaya al tajo minero afectando la operación y eventualmente perdiendo sus aguas, sobre todo en la eventualidad de lluvias extremas. Argumenta que hay temporadas secas donde -antes y ahora- el arroyo pierde el agua superficial, pero fluye por su acuífero. Tiene un comportamiento estacional, asegura, y recuerda que el agua corre durante las cortas temporadas de lluvias en La Guajira. A quienes afirman que en el cauce actual del arroyo Bruno había un bosque, Madriñán responde que hay evidencia de que la zona era, sobre todo, una hacienda con pastos y ganados y por eso su estado actual debería considerarse una ganancia. Escuche aquí al vocero de la empresa Cerrejón.

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La compañía reporta la aparición de especies de fauna en esa zona recuperada. Dice haber sembrado 12 mil árboles, pero ahora el inventario suma 15 mil 600, lo que probaría la capacidad de del mismo bosque para regenerarse. Allí hay 44 especies, 10 de ellas en veda y 4 en peligro de extinción. En su concepto, el río va sembrando nuevas semillas.

El autor de este trabajo periodístico pudo recorrer las orillas del arroyo Bruno convertidas ahora en zona de restauración ambiental. En algunos tramos observó agua corriendo, en otros hay agua estancada y -en unos más- brota agua del acuífero. Cerrejón asegura que bajo el cauce antiguo no habrá explotación y que en el nuevo trazado el Ideam y el servicio geológico estatal hacen mediciones frecuentes. Frente a quienes lamentan no poder entrar al arroyo, dice que esta es una zona en recuperación y que sólo se requiere programar una visita. Esa versión la respalda Carmen Jiménez Pushaina, de la comunidad wayúu de Campo Herrera.

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Como la de Carmen, otras comunidades quisieron ahorrarse la disputa en los tribunales y negociaron con la compañía minera. Algunos clanes parecen haber aplicado ese dicho según el cual “es mejor un mal arreglo que un buen pleito”. Doña Lorenza Pérez - autoridad tradicional de La Horqueta- reconoce que logró para su gente unas 80 hectáreas tras una ardua negociación con la empresa. Pasaron de pelear con la compañía a ser uno de sus proveedores de árboles para la restauración ambiental de la región. Lo hacen valiéndose de un vivero donde reproducen especies nativas que serán luego sembradas en terrenos recuperados una vez termine la explotación carbonífera. Los integrantes de este clan reconocen haber hallado en la reforestación un motivo de satisfacción y una fuente de ingresos, pero saben que nada de ello será suficiente para compensar los impactos causados por la explotación minera. Escuche a José Manuel Vergara, integrante de la comunidad de La Horqueta.

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Las comunidades que negocian con la industria no lo hacen para olvidarse de los impactos ambientales, sociales o culturales. Entienden que esos impactos deben ser mitigados y compensados. Lograr que eso suceda en condiciones justas es lo que debería garantizar el Estado que, también por aquí, luce débil o ausente.