¿Cuál es el peso de las responsabilidades políticas y de Estado?

En Hora20 un programa para hablar de distintas responsabilidades políticas, de Estado y de construcción de memoria. Se analizó la polémica entre el gobierno nacional y la oficina para los derechos humanos de las Naciones Unidas por la responsabilidad del Estado en la masacre de Bojayá. Después una mirada a la responsabilidad política en época de campaña que va desde marchas con ataúdes hasta amenazas de un atentado a un candidato. También un análisis a la responsabilidad de la Comisión de la Verdad en medio de la polémica por la renuncia de uno de sus comisionados. Por último, la responsabilidad política que enfrenta el ministro de Defensa y su ausencia en el Senado.

Empecemos por la responsabilidad que, según la oficina de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, podría tener el Estado por la masacre de Bojayá, de la cual por estos días se conmemoran 20 años. En el acto de ayer lunes, la representante de la oficina, Juliette de Rivero, dijo que, así como las Farc y los paramilitares han reconocido su responsabilidad en la masacre, otros como el Estado no lo han hecho, y apuntó “es fundamental que el Estado reconozca su responsabilidad para reparar integralmente y hacer justicia”. La representante ha mantenido su posición basada en que un mes antes de la masacre, Naciones Unidas alertó sobre lo que podría ocurrir, pero recuerda que el Estado hizo poco para evitar la llegada de los paramilitares a la zona… en ese sentido, considera que sí hay responsabilidad del Estado.

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Una posición que ha sido fuertemente criticada por dos funcionarios del gobierno nacional. El comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo dijo que a la representante se le “cruzaron los cables” y que no cabe responsabilidad del Estado en esta masacre, que las Farc son los victimarios y que ellos deben reparar. Sin embargo, la respuesta más fuerte llegó del consejero para los derechos humanos, Jefferson Mena, pues dijo que es irresponsable y equivocado decir que el Estado tiene responsabilidad alguna, calificó de desfachatez que el Estado tenga que reconocer alguna participación y que son palabras que ofenden a los colombianos.

Por ahora es un hecho que son varios los actores que le han fallado a las víctimas de las 79 personas que murieron en la masacre, pues por estos días los distintos colectivos de víctimas han relatado los incumplimientos tanto en términos de reparación económica, como acceso a la verdad y garantías de no repetición, pues los habitantes de la zona apuntan que las condiciones de seguridad de hoy son similares a las de hace 20 años.

Lo que dicen los panelistas:

Luz María Sierra, periodista y directora de El Colombiano, señaló que tragedia de Bojayá es lo más doloroso y lo más cruel de la guerra, pero aclara que no comparte que sea el Estado el que tenga que pagar por esa brutalidad, “el Estado está siendo víctima del ataque de Farc”, y aseguró que no logra entender en la guerra por qué el Estado tiene que salir a responder por malo que ocurre en ella, “se habla de abandono, de que Estado no estaba, se habla de él como si fuera lejano, cuando el Estado somos un poco todos”.

Frente a las responsabilidades de la Comisión de la Verdad, señaló que hubo fallas iniciales, pero que, una vez nombrados los comisionados, “la idea era que se construyera un buen trabajo. Esto deja al descubierto es que quieren hacer más importante el informe final que lo ocurrido previamente”, pues cree que es más importante el ejercicio de poner a conversar al país que el informe final, “que imponga una única narrativa”.

Para José Daniel López, representante a la Cámara por Cambio Radical, la responsabilidad con Bojayá no se puede plantear en términos binarios como lo está haciendo el gobierno, “esta discusión se queda corta en si nos limitados a pensar si al Estado le asiste o no responsabilidad sobre la masacre de Bojayá”, pues cree que el Estado sí tiene una responsabilidad en el sentido de no garantizar la vida de sus pobladores. Criticó la respuesta que dio el gobierno en el sentido de que no se trata de un debate local, “es una respuesta a una alta funcionaria de Naciones Unidas; términos son inapropiados y rompe códigos diplomáticos”.

Frente a la renuncia del comisionado Ospina, dijo que queda un mal sabor el vacío que quedar al no contar con la visión de un militar que contraste con la de los otros comisionados, “es una pérdida para un capítulo importante en la implementación”, concluyó.

Iván Cancino, abogado penalista, profesor universitario y columnista, planteó que el Estado se encuentra en peor de los mundos, porque justicia sanciona por proteger cuando dice que no se debe tener CAI por ser blanco militar y en otros casos, hay sanciones por inactividad, por lo que afirma que no comparte que no se haga un reproche por parte de la ONU de los verdaderos causantes de la masacre de Bojayá, pero al tiempo dice que se necesitaba un mensaje de empatía con las víctimas.

Señaló que la posición de relaciones internaciones como ONU y OEA, debe tener una respuesta más de arriba, de Cancillería, “toca reafirmar que culpable directo son las Farc, pero también enviar mensaje de tranquilidad en compromisos que Gobierno tenga en adelante”.

Para Federico Arango, periodista y editor de opinión del diario El Tiempo, en el momento de la masacre no hubo presencia estatal ni se cumplió obligación de proteger derechos, esto sumado a las denuncias de militares delegando funciones en paramilitares, por lo que asegura que este pudo ser un momento para que el Estado demuestre humildad y conexión con las víctimas, “me preocupa lo que ocurre con ellas cuando consejero sienta posición dice que colombianos se ofendieron; no sé si ahí están las víctimas incluidas y representadas”.

Señaló que, respetando el trabajo de la Comisión de la verdad, se pudo haber prevenido en el momento de la conformación de los comisionados, pues haber tenido un solo representante castrense pudo haber sido un error.