Glifosato, ¿se agotan las posibilidades de su regreso?

En Hora20 un debate para analizar las implicaciones de la decisión de la Corte Constitucional de frenar el regreso de las aspersiones con glifosato, un análisis a las implicaciones en los planes del gobierno y lo que sigue para las comunidades afectadas. También una mirada a la investigación disciplinaria que se le abre a la alcaldesa de Bogotá y a la participación en política de otros funcionarios. Por último, una mirada a las elecciones del 2022.

Una nueva decisión de la Corte Constitucional vuelve a poner en duda el regreso del glifosato al país. Pues con la nueva decisión, se deja sin piso una resolución de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de abril del 2021 que daba el visto bueno al Plan de Manejo Ambiental realizado por la Policía Nacional y que tenía como objetivo poner en marcha el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con el Herbicida Glifosato (PECIG), el cual funcionaría en 6 núcleos de acción comprendiendo en 14 departamentos y 104 municipios con la meta de erradicar más de 26 mil hectáreas de coca en los primeros meses de funcionamiento.

No obstante, hoy la Corte considera que se desconocieron derechos de participación a las comunidades involucradas en las áreas donde se realizarían las aspersiones, asegurando que no se consultó a la comunidad, pues métodos como el uso de redes sociales o la necesidad de tener conexión a internet, dificultó que las comunidades lograran tener acceso a la información que se suministró en su momento. La decisión de la Corte también deja sin efecto la resolución del Ministerio del Interior de marzo del 2020, la cual planteaba que no era necesario un proceso de consulta previa con comunidades indígenas, afro, raizales, negras y rom.

Por lo tanto, ahora la ANLA, como el Ministerio del Interior y la Policía Nacional tienen un plazo de un año para llamar a consulta previa con las comunidades de los seis núcleos de acción, además de volver a contar con reuniones informáticas y de concertación en una Audiencia Pública Ambiental liderada por la ANLA.

Lo que dicen los panelistas

Para Camilo Bonilla, politólogo, profesor en la Universidad del Rosario,

esta decisión de la Corte rompe la burbuja en la que se mueven las ciudades, "donde creemos que hay internet todo el tiempo y donde se participa en medios. Esta decisión demuestra que hay límites en uso de tecnologías", explicó que antes de la pandemia había dificultades con las consultas previas, pero se lograba, se llegaba a comunidades.

Para Poly Martínez, periodista, columnista y corresponsal del diario ABC,

es sorprendente que se habla de glifosato como única respuesta, "en 2020 fueron 130 mil hectáreas sin glifosato ¿cuál es la eficacia entonces? Se puede hacer erradicación de otra forma". En cuanto a la decisión de la Corte, advirtió que es un alivio para el gobierno porque pasa a ser un asunto del próximo presidente.

Alfonso Prada, exsecretario general de la presidencia, abogado y consultor, planteó que el tema del glifosato queda cerrado para este gobierno, pues la Corte mantiene su línea jurisprudencial, pero al tiempo, considera que se abre la puerta para que candidatos presidenciales propongan un plan de política pública para atender cultivos ilícitos, legalización y consumo.

En cuanto a las consultas previas, advirtió que muchos empresarios y miembros del sector minero quieran explotar algunas zonas del país, pero cree que las comunidades y organizaciones sociales cumplen un papel importante en la defensa de principios que se plantea a través de las consultas. "Consultas han logrado frenar arbitrariedades, la ciudadanía ha frenado avance por ejemplo del glifosato", puntualizó.

Iván Cancino, abogado penalista, profesor universitario y columnista, explicó que la consulta previa hace parte del bloque de constitucionalidad, "es un derecho fundamental en principio de protección de las comunidades y es de participación ciudadana", agregando que el país está acorde con la jurisprudencia internacional sobre la materia. Sin embargo, manifestó que la decisión de la Corte no es un golpe al glifosato, incluso dijo que la decisión no toca nada, "tutelantes probaron bajo cubrimiento de internet y por lo tanto se viola derecho de participación". Frente a las soluciones que ofrece el glifosato, destacó que ante la clara presencia de carteles mexicanos que han vuelto a los campesinos colombianos sus empleados; eso no significa que la culpa sea de la Corte o que esto va a cambiar por el glifosato.

Isabel Pereira, coordinadora de la Línea de Política de Drogas de DeJusticia, resaltó que la decisión de la Corte no es un nuevo precedente,

"la Corte reitera la sentencia de 2017 que ordenó no reanudar aspersión a menos de que cumpla con los requisitos". Sobre la consulta previa, aclaró que independiente del papel que cumple en gobernanza, "lo grave es que el Ministerio del Interior tome decisiones con desconocimiento absoluto. Había mentiras y cómo es posible que se emita una resolución con información que no es correcta."