Propuesta de amnistía general y fin del delito político, ¿tienen futuro?

En Hora 20 un debate para entender el alcance de varias propuestas como una “amnistía general” o la idea de acabar con el delito político en el país. Se analizaron las consecuencias y el mensaje que se envía a través de estas propuestas. De otro lado, se analizó el avance de la pandemia, de la mano del infectólogo Carlos Álvarez. También entrevista con Javier Galindo, abogado del gobernador del Magdalena Carlos Caicedo.

Una amnistía general como una forma de corregir el desequilibrio judicial y de sanar las heridas del conflicto, es la propuesta que desde hace dos semanas ha estado circulando por todo el país. Este planteamiento hecho por el expresidente Uribe en un encuentro con el padre Francisco de Roux, se sostiene bajo el argumento de lo que el expresidente considera hubo una amnistía total para los exguerrilleros de las Frac, mientras los colombianos del común tienen castigos por delitos menores. No obstante, el ordenamiento jurídico y los tratados internacionales suscritos por Colombia solo contemplarían una amnistía bajo el delito político como lo son la rebelión, sedición o conspiración.

Y es en este punto es donde nace otra propuesta, la senadora Paloma Valencia ha estado planteando la necesidad de “abolir el delito político”, pues sostiene que la violencia no puede seguir disfrazada de política. En el proyecto que sería presentado al congreso, la senadora plantearía eliminar algunos artículos de la constitución que establecen las normas del delito político y con esto se podría afectar en una medida el Marco Jurídico para la Paz, una de las bases del Acuerdo de paz con las Farc, pues se contemplaría eliminar el artículo 66 transitorio, como lo reportó este martes el diario El Espectador después de haber conocido el articulado del proyecto.

Lo que dicen los panelistas

Eduardo Behrentz, vicerrector Administrativo y Financiero de la Universidad de los Andes, destacó que, por supuesto hay un oportunismo con propuestas como la amnistía, pero afirma que se debe tener en cuenta la forma como toca fibras, si se tiene en cuenta al ciudadano común que siente un constante desbalance en la forma como opera la justicia.

En cuanto al estudio COVIDA de la Universidad de los Andes, explicó que una de las grandes conclusiones es que en la medida que el virus va cambiando, las prioridades también lo deben ser, por ejemplo, comenta que al inicio se priorizó la vacuna en mayores de edad, y que hoy el mayor reto son los estratos socioeconómicos más bajos.

Adriana Matiz, representante a la Cámara por el Centro Democrático, señaló que esta propuestaa es un globo al aire, “el expresidente no dio mucho a conocer sobre el contenido, pero él tiene claro que ese mecanismo no funciona y que no ha funcionado en ningún otro lado”, agregó que puede ser que se plantee el debate de impunidad y con ello deslegitimar el proceso de paz al poner en la misma balanza a todos los actores del conflicto armado.

Para Juan Esteban Lewin, periodista y director editorial de La Silla Vacía, estas propuestas tienen un claro impacto sobre todo político. “Me llama la atención que es un poco un reconocimiento a la derrota; una admisión e una derrota política, de no poder con la JEP”, y señaló que ahora desde el uribismo se dice que todo debe ser amnistiado, “eso es la aceptación que la institución que se ha buscado deslegitimar, ya tiene legitimidad.”

De otro lado, comentó que la consecuencia de eliminar el delito político es perder la garantía para ciertas acciones que pueden entrar en terreno del crimen, pero que no lo son.

Lariza Pizano, politóloga, analista y columnista en El Espectador, comentó que la idea de una amnistía es una fórmula creativa de darle palo al acuerdo de paz; “no creo que tenga una viabilidad y no es realista pensar en esa alternativa”, de otro lado dijo que es una propuesta vieja que se utilizo en algunos países en los años 90, y que no deja de ser contradictoria una propuesta de borrón y cuenta nueva cuando vienen elecciones y se quiere abrir el debate de nuevo del Acuerdo de paz con las Farc.

En cuanto al retraso en la aplicación de algunas vacunas, Carlos Álvarez, Coordinador Nacional de los Estudios sobre COVID ante la Organización Mundial de la Salud y médico infectólogo, explicó que las causas pueden estar relacionadas con las decisiones que toman entes territoriales de ir aplicando las vacunas a medida que llegan, mientras que otros deciden guardar las segundas dosis. También dijo que otra razón podría estar relacionada con la entrega de los fabricantes de las vacunas. Agregó que los tiempos de vacunación son seguros y que una persona tiene hasta 84 días entre la primera y la segunda dosis para aplicar el refuerzo, esto para el caso de Sinovac.