La suerte del Acuerdo de Escazú está en manos del Congreso

Un llamado al gobierno del presidente Iván Duque y al Congreso hicieron más de 130 organizaciones civiles para ratificar el Acuerdo de Escazú firmado para la protección de los líderes ambientales. Colombia es el quinto país del mundo con el mayor número de conflictos ambientales y el primero en asesinato de líderes ambientales.

La Oficial de Incidencia en Polícica de WWF Colombia, Daniela Varón, manifestó que "se trata de un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República de ratificar el Acuerdo de Escazú, que se constrituye como el primer tratado ambiental de América Latina, negociado por los países de la región alineando los Derechos Humanos con la Agenda Ambiental".

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Daniela Varón explicó que "el Acuedo de Escazú hace referencia a los derechos de acceso a la participación, la información y la justicia ambiental". La próxima semana en el Congreso de la República se espera que el legislativo agente el debate para el trámite que permita la ratificación del acuerdo.

¿El Acuerdo de Escazú atenta contra la soberanía del territorio nacional?

FALSO. El Acuerdo de Escazú no contiene disposiciones que afecten la soberanía sobre los espacios terrestres, marítimos o aéreos del territorio nacional ni sobre la capacidad de decidir sobre ellos. Por el contrario, el objetivo del Acuerdo es proteger los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, así como garantizar seguridad a quienes promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. La implementación del Acuerdo de Escazú se guía por dos principios clave que protegen, respetan y refuerzan de manera explícita la soberanía de los Estados.

¿El Acuerdo garantizará los derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales?

VERDADERO. El Acuerdo busca que los Estados que lo ratifiquen garanticen entornos seguros y libres de violencia para el trabajo de las personas, asociaciones, organizaciones o grupos que promueven la protección del ambiente. Las cifras no mienten: Colombia es el país más peligroso del mundo para los defensores y las defensoras del ambiente

¿Sólo algunos países pequeños y sin actividades económicas significativas han ratificado el Acuerdo de Escazú?

FALSO. El Acuerdo de Escazú fue adoptado por 24 países de los 33 de América Latina y el Caribe, lo han firmado 24 y 10 lo han ratificado. Entre ellos, Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá y Uruguay, países que por su normativa nacional cuentan con un trámite expedito para la ratificación de tratados internacionales. Cabe resaltar que las ratificaciones de países como México, Costa Rica y Colombia han tomado más tiempo del esperado a causa de la pandemia del COVID-19. A la lista inicial, también se suman como países que ya ratificaron Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas y Saint Kitts y Nevis.

¿El Acuerdo de Escazú otorga facultades especiales a órganos y organismos internacionales como la CEPAL para intervenir en los países que ratifiquen el tratado?

FALSO. Como algunos tratados internacionales, el Acuerdo de Escazú cuenta con órganos para facilitar la implementación de las obligaciones. Este tratado cuenta con cinco órganos: (i) la Conferencia de las Partes (COP), el mayor órgano decisorio conformado por los Estados parte y el único que puede tomar decisiones sobre el Acuerdo incluyendo, entre otras temas, las reglas para la implementación (artículo 15 del AE); (ii) la Secretaría, órgano permanente que tiene funciones meramente logísticas, labor que suele asumir alguna de las dependencias de la Organización de las Naciones Unidas. Para el caso del Acuerdo de Escazú, los Estados negociadores decidieron apoyarse en la CEPAL (artículo 17 del AE),

¿Se está abriendo una puerta para que tribunales internacionales se pronuncien sobre decisiones que interfieran contra nuestro desarrollo?

FALSO. El Acuerdo de Escazú sigue la práctica internacional de los Acuerdos Multilaterales Ambientales en materia de solución de controversias, la única obligación para los Estados es esforzarse por resolverla por medio de la negociación o cualquier otro medio que los Estados consideren aceptable. El artículo 19, sin embargo, deja libertad a aquellos Estados que voluntariamente lo deseen, de someterse a la Corte Internacional de Justicia y/o al arbitraje, si así lo decidieran de manera expresa.

¿El Acuerdo de Escazú modifica las reglas de daño ambiental al dinamizar la carga de la prueba y pone fin a la presunción de inocencia?

FALSO. En materia ambiental, Colombia aplica la carga dinámica de la prueba desde hace más de 20 años. La inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba, son dos principios jurídicos desarrollados desde hace décadas, que buscan satisfacer la necesidad de obtener pruebas en el marco de los procesos o procedimientos ambientales.

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¿El Acuerdo de Escazú es un tratado de la CEPAL o una imposición de las organizaciones internacionales?

FALSO. Ninguna organización internacional tiene el poder de imponer a un Estado la firma o ratificación de un tratado. El consentimiento es el pilar central del derecho internacional público, por lo que los tratados internacionales –incluyendo, por ejemplo, los tratados de libre comercio– se negocian de manera libre por y para los Estados.

¿Con la ratificación del Acuerdo personas físicas o jurídicas, organizaciones nacionales o extranjeras sin ningún condicionante podrán interferir en las decisiones sobre el ambiente que como país Colombia debe tomar?

FALSO. Ninguna disposición del tratado cambia las reglas del derecho internacional público sobre los sujetos que pueden acudir a la jurisdicciones internacionales o nacionales. El artículo 2 incorpora la definición de público que se refiere a todas las personas naturales y jurídicas nacionales o sujetas a la jurisdicción del Estado.

¿El Acuerdo reduce la seguridad jurídica para inversiones y desarrollo de proyectos?

FALSO. Todo lo contrario, el Acuerdo aumenta y la garantiza la seguridad jurídica sobre todo porque su contenido está en sintonía con y permite acoger las directrices de organismos multilaterales como la OCDE y el BID.

Colombia cuenta con suficientes mecanismos de participación y tiene normas y un marco legislativo robusto para proteger el ambiente, por lo que no se necesita del Acuerdo de Escazú

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FALSO. La Corte Constitucional ha reconocido que el país tiene un déficit de protección constitucionalmente inadmisible frente a la participación ciudadana. No es casualidad que una de las principales demandas de la ciudadanía en el Paro Nacional de 2019 haya sido la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú.

¿El Acuerdo fortalece la institucionalidad ambiental, políticas públicas y procedimientos ambientales?

VERDADERO. El Acuerdo de Escazú contiene disposiciones que le permitirán a Colombia superar las ambigüedades actuales que tiene la legislación ambiental.

¿El Acuerdo de Escazú es un instrumento para el fortalecimiento de capacidades y la cooperación internacional?

VERDADERO. El Acuerdo señala la necesidad de promover y fortalecer la cooperación y fortalecimiento de capacidades, en los niveles internacional, regional, nacional, subnacional y local.