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¿Qué implicaciones tiene el traslado del caso del Uribe a la Fiscalía?

Panelistas opinaron que decisión era la esperada; confían en que Fiscalía actúe con independencia y esperan que proceso avance con rapidez.

¿Qué implicaciones tiene el traslado del caso del Uribe a la Fiscalía?

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En Hora 20 un análisis a los efectos de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de enviar el proceso del expresidente Álvaro Uribe a la Fiscalía; un debate a fondo del préstamo por $370 millones de dólares del gobierno nacional a la aerolínea Avianca. Por último, una opinión de lo que podría ocurrir con Mancuso en los próximos días.

Como estaba cantado desde hace varios días y como lo apuntaron algunos expertos en este espacio, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomó esta tarde la decisión de que el expediente y proceso que se adelanta en contra del expresidente Uribe por fraude proceso y soborno pase a manos de la Fiscalía General de la Nación. La decisión se da después de que el expresidente renunciara a su curul como senador de la República, por lo tanto, su defensa argumentó que el alto tribunal perdía competencia sobre el senador Uribe, pues este ya no tenía fuero y los hechos por los que se le investiga no guardaban relación con su función como legislador.

Esta teoría que también fue apoyada por la Procuraduría en un concepto enviado a la Corte parece ser la adoptada hoy por el alto tribunal. Por otro lado, las reacciones que se dieron fueron en varios sentidos, desde el uribismo, que en su mayoría han atacado y deslegitimado el papel de la Corte, se dijo que esta no tenía otra opción y que esperan que ahora la Fiscalía brinde garantías. Posición que no es respaldada por la oposición, pues el senador Iván Cepeda, una de las partes en el proceso, aseguró que recusará al fiscal general, Francisco Barbosa y a la vicefiscal. Incluso, advirtió que la terna para un fiscal “ad hoc” no debería ser realizada por el presidente Duque, pues este también estaría impedido.

Lo que dicen los panelistas

Luis Felipe Henao, abogado y exministro de Vivienda, señaló que la decisión era de esperarse, pues la ley es clara sobre la competencia de la Corte y cuándo la investigación debe seguir a manos del alto tribunal. Otro de los puntos que consideró importante, es que, con esta decisión, la Corte Suprema de Justicia demuestra que no había ninguna persecución política en contra del expresidente. Agregó que se actuó de forma institucional, y que frente a un impedimento del fiscal Francisco Barbosa, dijo que no encuentra causal para que este se declare impedido.

En cuanto al tema Avianca, apuntó que el país no le puede cerrar la puerta a la aerolínea, pues es uno de los factores que llevan a la reactivación económica de un sector como el turismo. Otro de los motivos que explicó, es que la aerolínea es un centro de operaciones en Colombia que atrae competitividad a la región. Por otro lado, comentó que duele que Avianca lleve sus recursos a Panamá y que, frente a estrategia de elusión fiscal, el gobierno debe imponer reglas claras.

Rodrigo Uprimny, abogado, profesor universitario e investigador de DeJusticia, explicó cómo podría operar el caso del expresidente Uribe, pues señaló que puede traer incertidumbres, ya que a pesar de que son procesos distintos, uno ante la Corte Suprema de Justicia regido por la ley 600 inquisitivo, por un mismo órgano que acusa y juzga, pero con salas distintas; ahora pasa a la Fiscalía done se aplicaría ley 906 en un proceso acusatorio. En cuanto a si el proceso debe iniciar desde cero, dijo que no se requiere “se pueden hacer equivalencias. Ahí puede haber polémica, lo que creería es que la equivalencia en el momento en el que la Corte Suprema ya hizo indagatoria y se resolvió situación jurídica; eso corresponde en los procesos acusatorios a la fase de imputación. Y en esa fase de imputación también se define si debe haber o no medida cautelar. Me parece que proceso debe quedar como si hubiera imputación y le correspondería a fiscalía si solicita ante juez de garantías o si defensa lo quiere, que se revoque esa medida cautelar y así el proceso seguiría, a ver si Fiscalía pasa de fase investigativo, actúa o si precluye.”

Agregó que, si se mira jurisprudencia de la Corte en la materia, esta ha tenido variaciones sobre el tema, pero que incluso con estas variaciones una vez renuncia un congresista cabe la pregunta si se debe seguir únicamente por los delitos propios o por los delitos conexos. Por lo que agregó que la decisión de la Corte hoy es consistente con su jurisprudencia.

Juanita Goebertus, representante a la Cámara por la Alianza Verde, se mostró respetuosa de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, la cual cree que todos deberían rodear. Agregó que el proceso ahora cambia, lo que podría ser delicado, “pues la instancia más alta dentro de la jurisdicción pierde competencia y el caso queda en manos de un fiscal que tendrá que ser escogido por Francisco Barbosa, el cual ha sido muy criticado” y señaló que la decisión de Uribe de renunciar como senador puede tener motivaciones para dilatar el proceso y obtener beneficios.

Frente al caso de Avianca, expresó que es lamentable que esta decisión se tomara con falta de transparencia y que sobran los elementos a valorar, pues si bien es una empresa que representa empleos y conectividad hay preguntas como “¿Por qué prestamos en vez de participación accionaria?, ¿Cómo se toma decisión de que haya mecanismo cierto de transparencia para que otras aerolíneas participen?”

Felipe Baptiste, empresario y consultor, advirtió que decisión de la Corte es adecuada y en derecho, y que el hecho de que pase a la Fiscalía, no quiere decir que quede excluida, pues de igual forma la cabeza al final de todo el proceso es la misma Corte Suprema de Justicia. Agregó que el proceso en el que se entra es distinto, pues su base es la oralidad y cree que el sistema jurídico colombiano tiene suficientes garantías para sus procesados y víctimas.

Frente al crédito del gobierno a Avianca, dijo que el problema radica en las condiciones, las cuales cree que no son claras, pero que uno de los puntos sería si Avianca es una empresa colombiana o no; y si es solo para apoyar el segmento colombiano o toda la compañía. Añadió que una de las condiciones puede ser que la empresa traiga al país su registro fiscal. Por otro lado, apuntó que no hay suficiente apoyo a las empresas tras la pandemia; que el apoyo al empleo es mínimo y que lo créditos realmente no llegan.

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