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¿Se justifica la orden de captura en contra del gobernador Aníbal Gaviria?

Panelistas consideran que medida es desproporcionada y que Gobernador tiene varios recursos para tumbar la medida.

En Hora 20 analizamos la polémica medida de detención en contra del gobernador de Antioquia por un contrato de hace más de 15 años. Una mirada a las últimas proyecciones del Banco Mundial sobre crecimiento económico y los efectos para Colombia.

La orden de captura en contra del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria sigue generando polémica e indignación en contra de la Fiscalía General de la Nación. A finales de la semana pasada se conoció que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia emitió orden de captura contra el actual gobernador de Antioquia; esto por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, ante las supuestas irregularidades que se cometieron en la contratación, adiciones y construcción de la Troncal de paz en 2004, durante la primera gobernación entre 2004 y 2007; es decir, este caso lleva más de 15 años rodando desde la Contraloría en Antioquia hasta que llegó a la Fiscalía el año pasado.

Para la Fiscalía las adiciones que se presentaron en el contrato requerían de una nueva licitación y que el anticipo que se amplió se dio de forma irregular, por lo que la Fiscalía sospecha que esos cambios pudieron favorecer al contratista que en su mayoría era el Grupo Solarte. La Fiscalía también dice que como mandatario debía ser el responsable y ejercer vigilancia sobre la contratación durante su administración.

Más allá de la investigación, la polémica se ha levantado porque se considera que la medida de apartar a Gaviria de su cargo y de ordenar captura en su contra, son desproporcionadas. En Colombia se considera que la medida de aseguramiento es necesaria cuando hay riesgo de fuga; cuando se puede torpedear el proceso o riesgo de que vuelva a delinquir. En ese último punto es donde la Fiscalía encuentra el argumento de que puede surgir un “riesgo de reiteración” el cual se pretende detener a partir de la medida de aseguramiento. Esto quiere decir que el ente acusador considera que es un riesgo para la sociedad, porque piensa que puede que “se repitan situaciones semejantes” a las denunciadas por la Fiscalía.

Gaviria ha dicho que esta decisión de la Fiscalía tiene un alto daño institucional, y que al parecer la decisión de medida de aseguramiento no tiene fundamento jurídico y que es desproporcionada. Frente al contrato y las adiciones para la construcción de la troncal, dijo que no las firmó y que delegó a una comisión para su seguimiento y vigilancia. Esta mañana dijo que solicitará ante la Corte Suprema de Justicia la nulidad de medida de aseguramiento y le envió un mensaje al fiscal al decirle que se enfoque más en la justicia, que en el show.

También se han visto reacciones desde todas las orillas políticas sobre el tema. El presidente Duque le envió un mensaje de solidaridad y que confía en que la situación que podrá aclarar pronto. Desde el uribismo, el expresidente Uribe le expresó su acompañamiento, así como la alcaldesa Claudia López y el líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro señalaron que esta situación en contra de Gaviria va en dirección a ocultar lo relacionado con la Ñeñepolítica.

El domingo se conoció que la Fiscalía compulsará copias en contra de los exgobernadores Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos para establecer si hay alguna responsabilidad de los exmandatarios en las irregularidades del contrato por el cual hoy Gaviria está apartado de su cargo y en prisión domiciliaria…

Lo que dicen los panelistas

Luis Felipe Henao, abogado, ex ministro de Vivienda y columnista en El Espectador, opina que uno de los principales problemas es que estamos acostumbrados a tener una justicia que prefiere el populismo punitivo, más allá de los hechos y que prefiere poner en la hoguera al implicado y a que se den juicios paralelos en la opinión pública. Explica que al estar cobijado por la ley 600 en la medida de aseguramiento y la 904 donde debe ir a un juez de garantías, dice que no tiene derecho de ir donde el juez de garantías, sino el mismo fiscal que juega de juez y parte. Añade que el argumento de que Gaviria representa un peligro para la sociedad se cae de su peso y no tiene ningún peso jurídico ni garantista, ya que al haber sido gobernador y ocupar el cargo de nuevo, no estaría generando un riesgo para la comunidad.

Frente a las complejas proyecciones de contracción económica, sostiene que es grave y catastrófico por lo que traduce en equidad y pobreza. Agrega que preocupa la cantidad de personas que pasarán de la clase media, a la pobreza y que el deterioro económico hará que las personas sean más vulnerables, se consolide pobreza monetaria y que se traduzca en violencia. También señala que es importante que alcaldes empiecen con la reactivación frente a los planes de vivienda de interés social, desarrollar planes de inversión y atraer la inversión a los municipios.

Jaime Arrubla, abogado, docente y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, aclara al inicio de su intervención que Gaviria es una persona con un comportamiento probo y que confía en que pueda demostrar su inocencia. Sin embargo, sostiene que otra cosa es la decisión desde la Fiscalía y lo institucional. Explica la decisión del ente acusador de la siguiente manera “La fiscalía obra conforme a la ley 600, en un viejo sistema inquisitorio, el fiscal es juez y toma medidas judiciales. Esas medidas son susceptibles de recursos, y caben recursos de reposición y cabe uno de control de legalidad. Creo que es allí donde se debe dar la controversia.” Y agrega “No cabe ningún recurso de nulidad, no tiene ninguna competencia por ahora (la Corte Suprema de Justicia), no hay juzgamiento todavía. Esto apenas está empezando.” Sostiene que la orden de captura es una contradicción y que es drástica, pues dice que hace poco el Fiscal General emite una directriz para que haya control sobre la medida preventiva y para que esta se de en situaciones excepcionales.

Ante la contracción de la economía colombiana para el 2020, dijo que peor que el coronavirus, es el tema económico y que la crisis que se puede avecinar en materia económica puede ser peor de lo que arrojó la pandemia. Agrega que las proyecciones de contagio alertaron a los gobernantes, pero también se olvidaron de otras alternativas que se debían tomar para el bienestar de la población.

Carlos Cortés, abogado y creador de La Mesa de Centro de La Silla Vacía, argumenta que el gobernador de Antioquia no es una persona que esté en riesgo de fuga, que no está ad-portas de reincidir y que no hay un riesgo en el que dañe las pruebas de un proceso que lleva 15 años. Por lo que opina que esa decisión en un momento como el que vivimos de pandemia intenta enviar un mensaje o distraer el debate. “Esto no lo podemos desconocer de otros hechos del Fiscalía. La decisión de detener a otros investigadores de la Dijín y el tema de la “Caya” Daza y a ella no tiene medida aseguramiento, pone sobre la mesa ¿Cuál es el objetivo del fiscal Barbosa o la Fiscalía? ¿mensaje de publicidad? ¿presionando a otros líderes políticos? O ¿está desviando la atención de cosas mas graves de la Fiscalía?

Sobre el complejo panorama económico, sostiene que se está abriendo paso a un debate de que, si nosotros tenemos un panorama económico tan complejo, es por culpa de proyecciones o de lo que dijeron los epidemiólogos. Por otro lado, dice que el gobierno y el ministro Carrasquilla han tomado medidas con una incidencia directa pero que en su mayoría han sido criticadas porque se demoraron en llegar y que ahora se habla de una renta básica, cuando se han perdido millones de empleos. Por último, dice que la situación en la que estamos es de excepción y en una economía de guerra donde tocaba adaptar el gasto y no crédito.

María Claudia Lacouture, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana, columnista y exministra de Comercio, Industria y Turismo, dice que, aunque es respetuosa de la institucionalidad, el menaje que envía la Fiscalía al capturar al gobernador de Antioquia y tratarlo como el peor delincuente, envía un pésimo mensaje y genera dudas sobre el modelo de justicia que tiene el país. “Lo que quieren los colombianos es justicia justa y deber ser. Pero cuando uno mira esas acciones, definitivamente los argumentos planteados de que la justicia está desequilibrada y con asunto políticos, deja en descubierto de que sí es necesaria una reforma a la justicia.”

En cuanto a las oscuras proyecciones del Banco Mundial, dice que la perspectiva es difícil y que hay varios planteamientos que la economía se moverá en forma de U, V o W. Sin embargo, señala que cualquier planeación estará atada a una vacuna o desarrollo científico para contener la pandemia. Agrega que el hecho de que nuestra proyección no sea tan mala como en otros países de la región, esto no quiere decir que el país deba bajar la guardia en manera de reactivación o de aumento en el consumo. “Para poder lograr y mantener desarrollo, el país necesita que haya procesos de apertura reales. No hay gobierno con bolsillo suficiente para mantener ayudas” concluye.

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