Director del Sena responde tras suspensión de millonaria licitación

El director de la entidad dice que el proceso se realizará conforme a la ley y de forma objetiva

Tras las advertencias de la Procuraduría por las dudas en la licitación de un millonario contrato de tecnología, el director del Sena, Carlos Mario Estrada, aseguró van a trabajar en esas recomendaciones.

Nos reunimos los equipos técnicos del Sena y de la Universidad Nacional, la idea es que el proceso se garantice con transparencia”. 

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Dice Estrada que fueron 10 observaciones las que presentó la Procuraduría, y tres las que requerían respuesta.

Llegaron otras observaciones que son las que se resolverán ahora, por eso ante las sugerencias del Ministerio Público acatamos y respetamos la solicitud de suspender”.

Explicó que licitación tiene cuatro componentes y fue la Universidad Nacional la que estructuró el proyecto y según el director, el Sena no contrata con Huawei, contrata con la Universidad Nacional.

Hay firmas muy reconocidas en la licitación, no solo Huawei, nosotros pedimos el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría para garantizar la transparencia”.

Finalmente, el funcionario aseguró que se reunieron con Colombia Compra Eficiente, pero los estándares, las condiciones y características de esta licitación, obligaron a otra metodología. 

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Instauran acción popular para frenar la polémica licitación del Sena

La ONG derecho justo radicó ante ese despacho judicial la petición para que la licitación se suspenda durante un mes de manera inicial, mientras los organismos de control hacen un estudio juicioso de todo el proceso y posteriormente el Sena hace las modificaciones correspondientes.

También pide que se convoque a las empresas oferentes y fabricantes para aclarar dudas y que se resuelva en el pliego cualquier anomalía que indique una posible restricción a la libre competencia o direccionamiento hacía una compañía en particular.

Si después de esos 30 días no se logra un cambio de fondo que resuelva las denuncias, se pide que se proceda a reiniciar el proceso licitatorio con el fin de evitar sobrecostos y posibles complicaciones a la hora de implementar la nueva tecnología.

El tribunal tiene un plazo por ley para definir si admite la acción popular y definir si son convenientes o no las medidas cautelares que suspenderían el proceso.

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