Analistas cuestionan las facultades sancionatorias del procurador Ordóñez

El poder disciplinario del procurador, que llevó a la destitución del alcalde Gustavo Petro, volvió a revivir la polémica sobre los alcances que debe tener el Ministerio Público en materia de calificación de comportamientos de los servidores públicos, en especial aquellos elegidos por voto popular

Este lunes en el debate de Hora 20 el abogado y columnista Rodrigo Uprimny dijo que la función disciplinaria en un estado de Derecho la ejerce el superior jerárquico, que en este caso no es el procurador porque, a su juicio, los alcaldes no deberían estar tutelados por esa instancia. Dijo que en estos casos debería existir un control penal y un control ciudadano en vez de que el Estado se las deje a un “Savoralona externo” (célebre religioso organizador de hogueras en la época de la inquisición). En su opinión, la decisión del procurador es doblemente injusta y viola el Artículo 23 de la Convención Americana de Derechos que protege a los elegidos por voto popular. Explicó que uno de los problemas que tiene el sistema es que el Procurador ha sancionado a funcionarios por tomar decisiones distintas de las que tiene ese organismo de control, como acaba de ocurrir con el Superfinanciero que tomó medidas sobre Interbolsa que no comparte el jefe del Ministerio Público

La presidenta del Polo, Clara López Obregón, dijo que se necesita la facultad disciplinaria del procurador cuando campea la corrupción, pero no debe aplicarse para los elegidos por voto popular y trasladarse al Consejo de Estado. “Deberíamos avanzar hacia un tribunal disciplinario para tomar medidas disciplinarias respecto de funcionarios como los alcaldes”, esto es magistrados que tenga diferentes ópticas sobre el manejo del Estado, precisó. El concejal Juan Carlos Flórez defendió la facultad sancionatoria del procurador pero al mismo tiempo rechazó que el procurador sea un “servidor que produzca miedo”. A su juicio, hay fariseísmo en Colombia de parte de la clase política que actúa más por oportunismo, y cuyas posturas dependen de si son aliados o no del sancionado o del sancionador y recordó que hubo aplauso al procurador cuando sancionó a Samuel Moreno. Dijo que el destituido Diego Bravo era cuota de Gustavo Petro en la Procuraduría ante lo cual fue desmentido por Asprilla

Guillermo Asprilla, exsecretario de Gobierno de la alcaldía, dijo que ha hecho crisis la institución de la Procuraduría porque no es posible que un funcionario administrativo detente el poder para decir qué es legal y qué es ilegal y “destituir a los líderes elegidos por voto popular. Estamos ante el poder dictatorial de la procuraduría”, aseguró. “El alcalde está destituido y seguramente esa sanción será ratificada porque para la Procuraduría no existe segunda instancia” se lamentó el dirigente de Progresistas, quien también aseguró que la decisión del procurador tiene un contenido económico por los intereses de los operadores privados. “Decir que Diego Bravo era cuota de Petro en la Procuraduría es inclusive delictuoso y lo desafío a que pruebe eso” le dijo Asprilla al concejal Flórez. El representante Miguel Gómez Martínez dijo que la decisión no lo sorprendió por los errores que se cometieron en el manejo del tema de las basuras por parte de la Administración. El representante promotor de la revocatoria del alcalde dijo que el alcalde lo destituye la Procuraduría no por ser de izquierda sino porque violó la ley. “Esto no es una cosa contra Gustavo Petro” dijo y presentó cifras sobre otros funcionarios sancionados.