Con demanda buscan la nulidad de licencia del edificio cerca del Castillo San Felipe

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El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, confirmó que dentro de la acción popular que adelanta en contra del edificio Aquarela, que se construye cerca del Castillo San Felipe, radicó ante la Fiscalía una demanda de nulidad por considerar que esta obra afecta la visual del monumento y con ello el patrimonio.

“Hemos radicado la demanda que pretende la anulación definitiva de las licencias urbanísticas de las cuatro torres de Acuarela, una de estas, ya en construcción. En concepto de la Procuraduría, ese tipo de inmuebles se han construido violando las normas de conservación del Castillo y su armonización con el entorno paisajístico y cultural”, expresó.

Para Carrillo, esta construcción no solo tiene implicaciones locales sino que también afectan decisiones proferidas por organismos internacionales como la Unesco, que otorgaron a partir de monumentos como el Castillo de San Felipe, el título a Cartagena de Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad.

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Para el representante del Ministerio Público, hubo irregularidades en la entrega de las cinco licencias otorgadas por el curador uno, Ronald Llamas.

“El curador urbano uno no debió otorgar las licencias de construcción. Violó deberes que imponían una altura muy inferior a las edificaciones, nunca superando al Castillo, dadas su proximidad. Los decretos  y leyes que autorizan construcciones continuas al cerca del Castillo no permiten construcciones superiores a cuatro pisos”, explico Fernando Carrillo.

Agregó: “De prosperar la nulidad, se cae la legalidad y estamos seguros de poder contar con el apoyo de la justicia (…) esto puede conducir a detener las obras y poder disponer la demolición del edificio, por decisión de la justicia”.

Sobre los gremios de la construcción que han solicitado explicaciones por las recientes acciones en contra de este proyecto inmobiliario que cuenta con las licencias al día, el procurador dijo que garantizará la seguridad para los proyectos legales, pero que quienes tengan irregularidades, deben someterse a las normas urbanísticas.

“Garantizar la seguridad jurídica de 230 proyectos constructivos en curso en la ciudad.  No se busca poner en entre dicho todo, hemos descubierto varias irregularidades, pero seguiremos enfatizando en los puntos que tienen que ver con poner en entre dicho las irregularidades y afectar las construcciones que se han puesto en marcha de manera irregular”, indicó el procurador.

Ante la inquietud de los compradores de este proyecto, Carrillo dijo: “Aquí se decía que estas torres son proyectos de vivienda de interés social y es importante defender, indiscutiblemente, los intereses de los terceros que obraron de buena fe y todo eso se enmarca en el plan de normalización”.