Admiten recurso de Asoportuaria en demanda a MinTransporte y Cormagdalena
Se trata de una coadyuvancia presentada por Asoportuaria. Tribunal vincula al proceso al Ministerio de Hacienda, Invías, Presidencia y a la ANI
Referencia (Cortesía Puerto de Barranquilla)
En auto proferido el pasado tres (3) de agosto de 2022, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, admitió la coadyuvancia presentada por Asoportuaria en la Acción Popular promovida por la Procuraduría General de la Nación ante el Ministerio de Transporte y Cormagdalena, con el fin de proteger los derechos e intereses colectivos de la comunidad en cuanto a la prestación eficiente del servicio portuario en condiciones óptimas y seguras, vulnerados como consecuencia de la falta de un adecuado mantenimiento de la navegabilidad sobre el Río Magdalena por parte de las entidades públicas obligadas a ello.
En dicho auto, el Tribunal aceptó vincular al trámite de la acción popular, a diversas entidades del Estado con competencia en el asunto, tales como el Invías, la ANI, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Presidencia de la República, y otorgó un plazo para la contestación de la Acción, tras lo cual se citará una Audiencia de pacto de cumplimiento.
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Como figura jurídica, la Acción Popular persigue la protección de derechos o intereses de una comunidad que se ven vulnerados o amenazados por acción u omisión del Estado.
Dentro de las funciones constitucionales de la Procuraduría, figuran el defender los intereses colectivos, el orden jurídico y el patrimonio público, razón por la cual el pasado 26 de noviembre de 2021 presentaron la Acción Popular en contra de Cormagdalena y el Ministerio de Transporte.
Esta demanda fue admitida en marzo de 2022 por parte del Tribunal Administrativo del Atlántico.
En el mes de mayo de 2022 Asoportuaria, al ser parte afectada de los derechos vulnerados, presentó ante el mismo tribunal, un escrito de coadyuvancia, solicitando que se protegieran los derechos colectivos como el acceso al servicio público de transporte y su prestación eficiente, oportuna y segura, el derecho a la actividad y al servicio portuario, defender el patrimonio público por el mal estado del canal de acceso a la Zona Portuaria de Barranquilla, y el derecho a la libre competencia económica.
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Esta solicitud, fue aceptada recientemente por parte del Tribunal.
