En un elefante blanco se convirtió el centro de víctimas de Ibagué

Más de 200 mil víctimas del conflicto armado en el Tolima, llevan 3 años esperando la construcción del centro regional en Ibagué. Las obras se estancaron cuando avanzaban en el 24%, convirtiéndose en un verdadero ´Elefante Blanco´, ahora una consultoría revela que la estructura se debe demoler.

Según indagó Caracol Radio, el 10 de abril del 2019, durante la alcaldía de Guillermo Alfonso Jaramillo, el consorcio Betar Ibagué, de origen español, ganó la licitación por $2.309 millones para la construcción del Centro Regional de Víctimas del Conflicto, con recursos de un convenio entre la Alcaldía de Ibagué y la Unidad Nacional de Víctimas.

Según el concejal Miguel Bermúdez, el contratista le reportó a la Alcaldía, desde el comienzo, problemas con los diseños y con algunos permisos ambientales, situación que se convirtió en insostenible con la llegada de la pandemia del COVID-19.

Por su parte, Antonio Domínguez González, representante de Begar Andina S.A.S., explicó que los diseños estaban mal, que existió falta de Planeación por parte de la administración del ex alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo.

“Cuando se saca un contrato a licitación se deben tener todos los permisos y los aspectos técnicos necesarias para hacerlo fiable en el plazo establecido de 8 meses, no puede ser que se saca un contrato a licitación, yo no sé como llamarlo, pero falta de planeación es una forma de denominarlo”, sostuvo Domínguez.

En entrevista con el director de la Unidad Nacional de Víctimas, Ramón Rodríguez, manifestó que todo ha sido muy complejo y que la decisión es demolerlo, porque el estudio patológico determinó que el concreto no corresponde a las necesidades de la obra, por lo que fácilmente se puede caer.

A la vez aseguró que el convenio se va a liquidar y la Alcaldía deberá retornar los recursos al Gobierno Nacional para que en el presupuesto del año 2023 los recursos sean incorporados.

Hace un año la Alcaldía decidió liquidar el contrato, declaró siniestro de póliza de cumplimento por $461 millones e impuso una sanción de $230 millones en favor del municipio. Pero existe la posibilidad que el contratista busque una indemnización por los daños ocasionados. Su argumento es que el problema estuvo en errores del municipio así lo reveló el concejal Miguel Bermúdez.

Mientras tanto, las víctimas deberán seguir esperando, porque los recursos irán al Ministerio de Hacienda y quedará en manos del nuevo gobierno el futuro de este centro de atención.

“Es una desilusión total, hablo en representación de todas las víctimas del Tolima, porque esperábamos que fuera entregado este año, lo que queremos es que se investigue porque son recursos públicos, deben existir unos responsables”, puntualizó Germán Bernal, integrante de la Mesa Departamental de Víctimas.