El rezago social de las promesas incumplidas de los colegios FFIE en Boyacá

Tunja (Colombia)

Tomamos como ejemplo una de las 27 instituciones que desde hace seis años están esperando que les entreguen su colegio tal y como se lo había señalado el gobierno nacional.

A la Institución Educativa Adolfo María Jiménez de Sotaquirá, Boyacá, le habían prometido que tendrían más espacio para recrear a los niños, un comedor y una cocina más grande para tomar los alimentos de los niños que tenían que desplazarse desde veredas lejanas y por varias horas a su colegio, aulas modernas, laboratorios actualizados, más baterías de baños y hasta tecnología, para que ir a estudiar fuera más divertido durante una jornada escolar más extendida.

Las instalaciones del colegio fueron demolidas en el marco del programa Aulas para la Paz, que bajo el Plan Nacional de Infraestructura Educativa que lidera el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, FFIE del Ministerio de Educación Nacional, pretendía construir un nuevo colegio con una inversión que sobrepasa los 3.290 millones de pesos para beneficiar a 498 alumnos.

Pero todo lo anterior quedó en el olvido: al colegio que los padres de familia habían ampliado en alguna oportunidad, con el esfuerzo del bolsillo de las mismas familias, le demolieron gran parte de su infraestructura porque vendrían constructores para rediseñarlo y para reacomodarlo a las necesidades de los niños; sin embargo, eso nunca pasó, y hoy el colegio es toda una mole de salones inconclusos y de material de construcción regado por doquier.

Betzabé Rodríguez, representante de la comunidad y presidenta de la Asociación de Padres de Familia del colegio, se quejó de los incumplimientos. “Pues la inconformidad es porque a nosotros los padres de familia nos habían prometido en el 2016 que el colegio sería toda una maravilla de construcción, y que el proyecto máximo tenía que entregarse en año y medio, pero nos dijeron mentiras, nos incumplieron”.

Señaló que, “nos han afectado enormemente, los niños de las veredas quedaron casi que desplazados, porque tuvieron que repartirse a otras instituciones, y por supuesto, ajustarse a una serie de incomodidades para poder estudiar”.

Advierte que, “desacomodaron la oportunidad de que los niños estudien cada vez más cerca de sus casas y, sobre todo, nos destruyeron un colegio que hacía parte de nuestra identidad y pertenencia. Quedamos con la tristeza de que este colegio que ha sido tan famoso en nuestro pueblo, y que habíamos levantado muchos padres de familia de varias generaciones, hoy no mejoró, sino que retrocedió, porque nos lo destruyeron y no nos lo han resarcido”.

Por su parte, los profesores advierten que no han tenido fácil su tarea con lo que llaman las burlas del contratista nacional que les ha quedado mal con la entrega completa del colegio.

Graciela Uribe, docente del colegio, dijo que “estamos cansados porque nos posponen fecha tras fecha la entrega completa del colegio. Es una falta de seriedad en la entrega de nuestro colegio, no tenemos donde albergar a los niños ni salones dignos para que ellos realicen sus actividades escolares, y a nosotros nos duele mucho ver a nuestros pequeños estudiando en salones improvisados, con frio cuando hay heladas, con un calor terrible cuando hay temporada seca, y a nosotros, ingeniándonos lo que sea, para mantener su atención para que ellos puedan recibir las clases y aprender, ha sido toda una odisea, y afecta el recibir con dignidad el derecho a estudiar”.

Los planes de todos se han tenido que frenar: el rector tenía planeada una estrategia para que sus estudiantes salieran del bachillerato con mayores herramientas para aplicar fuera de las aulas, con miras a que eligieran mejor sus carreras universitarias, o en el caso de que los niños no pudieran salir a una universidad, tuvieran la formación para aplicar laboralmente en la zona, pero eso, también se afectó por culpa de los malos manejos de los recursos destinados a estas obras publicas.

“A pesar de que queremos regresar a una presencialidad digna, después de una cruda pandemia, pues no tenemos cómo porque pasan los días, y nada que nos finalizan el colegio como nos lo habían dicho, y nos dijo el FFIE que para este año estaba finalizada, pero le falta. Sabemos que necesitamos la voluntad de todos, y como rector, muchos proyectos se nos han frustrado, nos han perjudicado mucho, porque por ejemplo teníamos proyectado realizar un convenio de integración para brindar una especialidad, pero nos dicen que, sin colegio, qué vamos a integrar, no hay como hacerlo; muchas cosas se frustraron debido a que la planta física no es la que nos prometieron, y por eso la comunidad pide de corazón cumplimiento”, dijo el rector, Edgar Borda.

Los niños, también han sentido la inconformidad y el engaño continuado: “Nos afecta a toda la institución, sobre todo a los más pequeños, y todos queremos estar en condiciones dignas desde nuestro colegio, pero nos han coartado la oportunidad de tener una experiencia agradable de nuestros días de colegio, y en cambio lo que quedará en la memoria es una experiencia de incomodidades”, expresó uno de los estudiantes de la institución.

Pero otro de los rezagos sociales, tiene que ver con los subcontratistas que contrató la firma G19, contratada por el Ministerio de Educación, para realizar las obras.

Estos subcontratistas de las regiones aceptaron el trabajo de adelantar con los recursos del Estado, las obras de los colegios públicos, sin embargo, aseguran que cayeron en una especie de estafa, pues trabajaron con su propio dinero, con su patrimonio construyeron lo que pudieron, y cuando fueron a cobrar, nadie les respondió, y las obras quedaron frenadas.

Estos profesionales hoy quedaron en la quiebra, y han entrado en una lucha de nunca acabar. Se encadenaron en la puerta del ministerio de Educación, hicieron huelga de hambre, responsabilizaron al Gobierno de su vida y su suerte, pero nadie se conmueve con su situación. Hoy esperan que la firma G19 les responda, y que los organismos de control investiguen este caso, pues advierten que se esconde todo un entramado corrupto.

“El FFIE siempre se ha lavado las manos, siempre les dijimos a la interventoría y al ministerio de Educación que se estaban presentando robos desde el 2016, y a la fecha, siguen robando gente estas personas del G19, y ellos no hacen nada, somos perjudicados de un contrato que licitaron ellos, que otorgaron ellos, y que tenían que desde el Gobierno nacional vigilar y controlar para que no estuviéramos alrededor de 800 personas en Boyacá y Santander quebrados, desesperados, lo perdimos todo, no es justo, quisimos ayudarles a construir mejores colegios a los niños, ese fue el objetivo que nos movió en principio, pero de esto vivimos, y nos estafaron, nos engañaron, y ahora nadie pone la cara por las deudas millonarias en las que nos embarcaron”, sostuvo Diego Chaparro, uno de los ingenieros que en Sogamoso estuvo a cargo de la construcción de algunos colegios.

Frustración es el sentimiento en común de la comunidad afectada por el incumplimiento de la construcción de sus colegios, dicen que han sido engañados con colegios de papel, infraestructuras de aire que aún esperan que se entreguen con todas las de la ley, pues ahora le dan el voto de confianza al nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro, para que busquen la forma de resarcir los daños físicos y de infraestructura creados, pues indican que el tiempo, las incomodidades, la frustración y las malas experiencias, son rezagos que dejaron cicatrices sociales y desconfianza en la eficacia del sector público.