Política

Alcaldía Mayor Bogotá

Concejales piden decreto de militarización de Bogotá y evaluar su legalidad

Hoy se vence la prórroga de la petición del decreto, el cual aún no ha sido entregado por el Ministerio de Defensa.

CONCEJAL DIEGO CANCINO HABLÓ SOBRE LA PETICIÓN PARA CONOCER EL DECRETO DE MILITARIZACIÓN DE BOGOTÁ

CONCEJAL DIEGO CANCINO HABLÓ SOBRE LA PETICIÓN PARA CONOCER EL DECRETO DE MILITARIZACIÓN DE BOGOTÁ

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Concejo de Bogotá

Sectores del Concejo de Bogotá pidieron hace más de un mes al Ministerio de Defensa una copia del acto administrativo del Plan de Intervención del Ejército en Bogotá para conocer las razones técnicas que llevaron a la Alcaldía a tomar la decisión de militarizar la ciudad.

Inicialmente la respuesta por parte del ente gubernamental fue una solicitud de prórroga para entregar la copia al Concejo. Hoy, 6 de octubre, se cumple el vencimiento de la prórroga y los concejales están atentos a qué respuesta reciben desde el Ministerio.

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El Concejal Diego Cancino, principal impulsor de la iniciativa aseguró que le preocupa que no se haya publicado el decreto que reglamenta la militarización, asegurando que la decisión se trata de un hecho de alteración de la seguridad y convivencia en la capital.

“La prórroga nos sugiere al menos dos cosas: o la información del decreto no existe, o nos están ocultando información. En ambos escenarios es algo preocupante y nos inquieta en gran manera”, asegura el concejal.

 

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El concejal cita los artículos 213 y 170 de la Constitución, señalándolos como principales leyes que se estarían violando con la militarización de Bogotá. “Los dos artículos son claros, las funciones del ejército es salvaguardar la soberanía nacional. Cuando se mezclan las funciones con las de la Policía, se quiebra la democracia (…) el estado de conmoción interior permite la incidencia de los militares, pero en este caso no aplica”, continua Cancino.

De esta forma se está a la expectativa de lo que pueda entregar el Ministerio de Defensa el día de hoy. De lo contrario, se ha dicho que podrían tomarse acciones legales por parte de la bancada para saber qué sucedió con la información requerida.

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