Tribunal de Boyacá realiza audiencias para la delimitación del Páramo Pisba

Tunja (Colombia)

Hay que recordar que hace aproximadamente 4 años, el Consejo de Estado decidió en última instancia una acción popular que inició la Defensoría del Pueblo de Boyacá contra varias entidades del Estado, donde se alegó la presunta “vulneración al medio ambiente por parte de la sociedad Carbones Andinos SAS, una firma que realiza actividades de exploración y extracción en el sector del Alizal, de la vereda El Mortiño del Municipio de Socha (Boyacá)”.

Según la acción popular, esta zona de alta protección ambiental, está compuesta por una recarga de acuíferos, nacimientos de agua y quebradas que surten de agua potable a la comunidad de la zona.

Lo que se le reprocha tanto a la Agencia Nacional de Minería, como a la Alcaldía de Socha, al ministerio de Ambiente y a la CAR de Boyacá dentro de otras entidades, es el archivo de una investigación contra la firma de carbón ‘Carbones Andinos SAS’, donde al parecer hubo omisiones que promovieron la “vulneración al medio ambiente y el desarrollo sostenible”.

En la mañana de este viernes, el magistrado Fabio Iván Afanador García, escuchó los argumentos de algunos de los involucrados, pero la audiencia no fue suficiente, y se tuvo programar otro encuentro para seguir escuchando las problemáticas de la comunidad, pues, dentro de otras dificultades expresadas, entidades como el Ministerio de Ambiente, han tenido fallas en el acercamiento a la misma.

“Según todo lo que he escuchado hoy, es evidente una falla enorme en términos de comunicación con las comunidades: no existe por parte del ministerio de ambiente, una estrategia clara, que explique de manera sencilla, contundente y lo suficientemente efectiva y accesible, toda la información a las comunidades. Si esta etapa de información no es clara, la etapa sogioente que es la de participación técnica-deliberativa, no va a funcionar, y eso va a ser un lío completo”, sostuvo el magistrado Afanador García.

Y es que en medio de la carrera por delimitar los complejos de páramos, se creó un problema social en todos los municipios de influencia del ecosistema paramuno. La comunidad se sigue quejando porque según ellos, los encargados de la delimitación no se tomaron el tiempo necesario para consultarles sobre esta decisión de protección ambiental, donde una gran parte de la población quedó dentro de los límites.

Ahora entre los campesinos persiste la incertidumbre sobre su futuro, pues están en la incertidumbre de saber cómo basarán su subsistencia económica, que dependía por herencia de la explotación de parte de la tierra objeto en la delimitación.

Al páramo de Pisba al cual se le atribuyó una extensión de 106.000 hectáreas, habitadas por 6.235 personas (según censo realizado por Corpoboyacá), se le otorgó la categoría de sujeto de derechos por parte de un fallo del Tribunal Superior de Boyacá.