En Cartagena se discute ley que afectaría a más de 600 mil deudores
La discusión se lleva a cabo en el VII Congreso de Insolvencia de Persona Natural no Comerciante
La discusión se lleva a cabo en el VII Congreso de Insolvencia de Persona Natural no Comerciante(Colprensa)
Cartagena de Indias
Con la participación de 330 personas de manera virtual y presencial, se lleva a cabo en la ciudad de Cartagena, el VII Congreso de Insolvencia de Persona Natural no Comerciante, los días 29 y 30 de abril de 2021, en el hotel Intercontinental de Bocagrande.
El evento cuenta con la participación del Viceministro de Promoción de la Justicia, Francisco José Chaux Donado; la Superintendente deNotariado y Registro, Goethny Fernanda García; el Superintendente Financiero de Colombia, Jorge Castaño Gutiérrez, entre otros académicos y expertos conferencistas nacionales y extranjeros.
Son dos días de debates, discusiones y conversatorios en los que participan 14 conferencistas nacionales e internacionales.
En medio de las crisis económicas que enfrentan los colombianos, de la reforma tributaria que propone el Gobierno Nacional, de la histórica tasa de desempleo del 15,4%, de una deuda pública que representa el 61% del PIB, de la caída del PIB de 6,8%, y del fin de los períodos de alivios adoptados por el Programa de Acompañamiento a Deudores(PAD), se adelanta ante el Congreso de la República, una reforma a un mecanismo que hasta ahora había sido pensado como un salvavidas, una segunda oportunidad para los deudores que enfrentan crisis económicas: el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante, consignado en la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso.
En general, los expertos coinciden en que el proyecto de Ley No. 064 de 2020 C, acumulado con el proyecto de Ley No. 114 de 2020 C. y con el proyecto de Ley No.333 de 2020 C, “por medio de la cual se modifica el Título IV de la ley 1564 de 2012”, plantea reformas que no son acertadas, porque desconocen la naturaleza del procedimiento, perjudican a los deudores, favorecen a algunos tipos de acreedores, rompiendo el equilibrio del proceso, e incluso llegan a vulnerar principios y derechos constitucionales delos deudores y los acreedores.
Para Nicolás Pájaro Moreno, profesor adjunto de la Universidad del Rosario, quien hizo parte de la comisión redactora del régimen actual de insolvencia, uno de los objetivos puntuales del proyecto de Ley es favorecer al sector de la economía solidaria. “En este punto, es importante destacar que la finalidad de los procedimientos de insolvencia no puede ser, la protección de un determinado grupo de acreedores, sino la protección del derecho de crédito y la protección del deudor, como un engranaje fundamental dentro de la sociedad y también en su individualidad, como ser humano y agente del mercado, y, obviamente, también de los demás factores que están en juego, como el empleo y otro tipo de derechos, como los del grupo familiar, y en particular los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
En definitiva, para los conferencistas, la reforma sacrifica la protección del crédito y del consumidor para proteger al sector solidario, estableciendo mayores exigencias para declararse en insolvencia si el deudor tiene créditos con empresas de economía solidaria, exigiendo prueba de solvencia en procesos de insolvencia en los que haya cooperativas y requiriendo el voto favorable de las cooperativas, dentro de las mayorías para llegar a un acuerdo de pago.
