Casos judiciales

Demostraré a la justicia mi inocencia: alcalde de Villa de Leyva, Boyacá

El mandatario procesado por irregularidades de contratación en medio de la pandemia, habló en Caracol Radio tras haber sido imputado por la fiscalía.

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El alcalde de Villa de Leyva (Boyacá), Josué Javier Castellanos Morales, fue imputado por la fiscalía por su presunta responsabilidad en el delito de violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades.

El mandatario habría celebrado contratos de manera directa, al amparo de la urgencia manifiesta decretada por el Covid19, con una persona que aportó algo más de dos millones de pesos a su campaña política por la Alcaldía Municipal.

Según la fiscalía la investigación evidenció que fueron suscritos cuatro contratos con el señor Castillo Poveda para el arriendo de una especie de carpas, por un valor total de $7’700.000, y los registros contables dan cuenta de que cada uno de los contratos, al parecer, superó los topes definidos por la Ley.

Sin embargo el alcalde de Josué castellanos, dijo que todo está en regla, que respetara todo el proceso jurídico en su contra, y que le demostrara a la justicia, que es inocente de lo que se le acusa.

“Mi forma de actuar ha sido sin tacha, y lamentablemente, acá hay un desconocimiento de un artículo de la norma con lo que vamos a defendernos porque he actuado con transparencia. Acá nosotros no venimos a robar al municipio con cifras irrisorias, tenemos la frente en alto y todo en orden para defendernos durante todo el proceso, para explicarle lo que se requiera al ente acusador, y mientras tanto seguiremos trabajando por el municipio y para lo que necesita la gente, que fue para lo que me eligieron”, mencionó el mandatario de los Villaleyvanos.

En el proceso también fue imputado por los mismos delitos, el contratista Luis Jorge Castillo Poveda, aportante a la campaña política de Castellanos involucrado en la misma investigación.

Ésta investigación hace parte de las acciones de la Fiscalía General de la Nación, para identificar y judicializar a los responsables de la destinación irregular de los recursos públicos destinados a la atención de las necesidades ocasionadas por la pandemia del Covid-19.

Los dos imputados seguirán vinculados al proceso y deberán atender todos los llamados de la autoridad judicial.

 

 

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