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Procuraduría vincula a Monsalvo a indagación por contratos alimenticios

La Procuraduría General de la Nación anunció que ha vinculado formalmente al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, a una indagación preliminar por presuntas irregularidades en la vigilancia de la delegación que hizo en la Secretaria General del departamento, Lorena Paola Hernández Dangón, para suscribir 37 contratos, por más de $14.065 millones, para la adquisición de 88.700 kits de mercados, abarrotes y tarjetas o bonos para redimir en establecimientos de comercio.

Este proceso tiene origen en el expediente que se abrió por presuntas irregularidades y malos manejos en la contratación y uso de recursos destinados por la gobernación del Cesar para atender necesidades de la población. En este caso se están revisando 37 contratos y dos adiciones.

"El caso de la Gobernación del Cesar, un caso bastante complejo donde intervienen fundaciones que tienen un objeto distinto del que les permitiría cumplir con el objeto de la ayuda que se está entregando y donde hubo falta de vigilancia por esa delegación", dijo el procurador Fernando Carrillo.

Lea también: Procuraduría evalúa juicio disciplinario por contratos en Soledad y Malambo

Por otra parte, el organismo de control indaga a los diputados Raúl Romero Rodríguez y Petra Romero, por presunta participación en política en la entrega de ayudas alimenticias en el departamento, posible extralimitación de funciones y quebrantamiento de las medidas de la cuarentena.

Al ser consultado por Caracol Radio, el gobernador Luis Monsalvo no concedió la entrevista y se negó a dar declaraciones del tema.

A su turno, uno de los líderes de Valledupar consultador, dijo que es hora de que se haga justicia ante la corrupción que existe en el departamento "Que lleguen hasta las últimas consecuencias y que sancionen a las personas que tengan que sancionar", agregó Alfonso Medina, líder comunal.

A los cuatro procesos disciplinarios de la Procuraduría, se suman seis indagaciones por responsabilidad fiscal que lleva a cabo la Contraloría por presuntos sobrecostos y falta de experiencia en contrataciones que ascienden los $1.800 millones en Curumaní, Chiriguaná y otros municipios del Cesar, para la entrega de kit alimentarios.

Los contratos se firmaron con la Fundación para el Desarrollo Social de los colombianos, Fudsocial con presunto sobrecosto de $111.852.160, Granero Delicias de La Paz (presunto sobrecosto $40.188.000), Fundación Visión Caribe (presunto sobrecosto $99.049.790), Saúl Tellez Pabón (presunto sobrecosto $40.519.200), Sindy Peña (sin especificar), Servicios Integrales del Caribe Colombiano, empresa que según el ente, su actividad económica no tiene relación con la compraventa o almacenamiento de alimento y reporta un Registro Único de Proponentes (RUP) vencido y cancelado desde el 2017.

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