Encuentran hallazgos fiscales en recursos de predios de Islas del Rosario

Según la Contraloría, la Agencia de Tierras ha hecho una gestión antieconómica para recuperar recursos no pagados por arrendatarios de predios

Con 4 hallazgos con posible incidencia fiscal por $8.353 millones de pesos, 20 con presunto alcance disciplinario y 2 que probablemente tengan carácter penal, concluyó la auditoría financiera que realizó la Contraloría General de la República a la Agencia Nacional de Tierras -ANT, por la vigencia 2018.

Uno de los hallazgos fiscales, en cuantía de $1.920 millones, corresponde al presunto daño patrimonial que ha significado la poca efectiva gestión de la ANT para recuperar los recursos no pagados por los arrendatarios de los predios ubicados en las islas del Rosario y San Bernardo, donde a 31 de diciembre de 2018 se evidencia una cartera de más de 90 días y hasta 8,53 años de morosidad.

Para la Contraloría, la gestión antieconómica por parte de la Agencia Nacional de Tierras permite que particulares continúen usufructuando bienes estatales sin la contraprestación requerida, lo que genera un alto riesgo de daño patrimonial por el aprovechamiento de bienes del Estado en beneficio de terceros.

Los arrendatarios de los siguientes predios son los que presentan mayor mora: Isla el Arca de Noe ($586 millones), Isla del Pirata ($328 millones), Hotel Isla Media Naranja ($278 millones), Hotel Kokomo ($261 millones) y Casablanca ($122 millones). Hay predios que registran una cartera de entre 2800 y 3000 días.

¿Contrato a la medida?

El equipo auditor encontró evidencia de que el contrato Interadministrativo 872 de 2017, suscrito con la Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Telemáticos COLVATEL S.A. E.S.P, con el objeto de contratar la organización, inventario, descripción y digitalización conforme a la normatividad exigida por el Archivo General de la Nación y a la parametrización de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), habría sido pactado a la medida de los intereses del proponente.

El hallazgo está sustentado en cinco factores

En primer lugar, el estudio previo tuvo en cuenta únicamente la oferta ofrecida por COLVATEL y pudo haber pasado por encima del principio de selección objetiva al no incluir un estudio de mercado que considerara las propuestas de otros posibles proveedores.

Los auditores advirtieron expresamente que si bien la contratación directa es justificable para los contratos interadministrativos, es claro que en el estudio previo no se evaluó cual era la modalidad de contratación más adecuada para este tipo de servicios, sobre todo cuando el objeto planteaba una tarea compleja: ordenar 5.111 expedientes de procesos agrarios, contenidos en aproximadamente 831 cajas.

En tercer lugar, la fecha límite establecida para la ejecución del contrato, el 30 de diciembre de 2017, coincidía con los días que le restaban a la vigencia presupuestal, sin que las partes evaluarán si el tiempo era suficiente para atender las necesidades de la ANT, señaladas en la sentencia T-488 de 2014 y el Auto 040 de 2017 de la Corte Constitucional.

Adicionalmente, tres prórrogas posteriores pusieron de manifiesto que no hubo un estudio objetivo de riesgos e hicieron no solo que el plazo de ejecución fuera pospuesto casi cuatro meses, sino que se iniciara un proceso de declaratoria de incumplimiento por deficiencias atribuibles al contratista.

 

 

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