Boyacá: constructores apoyan y piden cautela para aplicar Seguro Anti-Space

Piden claridad para que el seguro contra fallas, no termine afectando la oferta de proyectos o limitando la accesibilidad a la vivienda.

De acuerdo con las disposiciones del Decreto 282 de 2019, los hogares que invierten en vivienda nueva contarán con nuevos instrumentos que ampliarán el actual régimen legal y de responsabilidades que protegen sus inversiones.

La nueva disposición asegura que protegerá a todas las viviendas nuevas desde el 2021, amparando al comprador por 10 años frente al colapso de construcciones. Dentro de otras consideraciones, el seguro costaría el 1% del valor de la vivienda.

Para el gremio de la construcción en Boyacá, que espera demandar al menos 7 mil viviendas nuevas durante este cuatrienio, el nuevo marco regulatorio de protección en la compra de vivienda orienta efectivamente a cubrir perjuicios patrimoniales que deriven de riesgos constructivos en los proyectos de vivienda nueva.

La directora de Camacol Boyacá y Casanare Ana Elvia Ochoa, explicó en Caracol Radio que “el decreto lo que hace es blindar las condiciones de seguridad de los compradores de vivienda durante 10 años, dar mayores garantías junto a las que ya existían, para otorgar mejores condiciones técnicas, y entra a reforzar la normativa para que no se presenten casos como el del edificio Space en Medellín”.

Pero, si bien para los constructores estos instrumentos financieros serán importantes para ampliar la protección a los hogares compradores de vivienda, se debe ser muy cauteloso y preciso en su puesta en marcha, en tanto se pueden afectar la oferta de proyectos o limitar la accesibilidad a la vivienda, ya que indudablemente, estas nuevas medidas tendrán impacto en los costos de producción y comercialización de vivienda nueva en el país.

“El llamado es a que se revise minuciosamente este tema, y que se verifique cómo serían las condiciones en las cuales los constructores deben comprar estos amparos patrimoniales, para que el costo no se eleve exageradamente y termine en contra de la demanda de vivienda por parte de los futuros compradores. Lo ideal es que la Superintendencia Financiera entre a definir las regulaciones específicas de cómo se hará la adquisición de las pólizas, habrá que mirar cuál es el impacto del decreto en los costos de las edificaciones, y que el gobierno lo regule de manera juiciosa, y con unos escenarios de costos que se ajusten a las necesidades del mercado y que no vayan a impactar negativamente los la demanda de vivienda”, añadió Ochoa.

El gremio de la construcción en Boyacá también desatacó la importancia de que la Ley de Vivienda Segura, tenga más mano dura con la regulación y la acreditación de la experiencia, conocimiento e idoneidad de los profesionales relacionados con la construcción de vivienda, para robustecer el ejercicio profesional y asegurar la calidad de los proyectos.

El sector vendió 2.581 viviendas en Boyacá durante 2018, de las cuales el 69,2 por ciento fueron de interés social.

A juicio de Camacol, Tunja debe fijarse la meta de habilitar como mínimo 41 hectáreas de suelo para los próximos 4 años.

Por su parte, Sandra Forero, la Presidenta Ejecutiva de Camacol hizo una lectura positiva de lo que viene para el mercado en este 2019 en el departamento.

"Después de dos años difíciles prevemos que cambie la tendencia hacia mejores niveles de ventas y probablemente una oferta más robusta en el último trimestre. Este 2019 puede verse como un punto de partida porque esperamos un mayor crecimiento de la economía y la continuidad de los programas de Vivienda de Interés Social que contribuirán a que sea un periodo de inflexión para la actividad edificadora” concluyó Forero.

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