Condenan a la Nación por asesinato de líder social en el Magdalena

Una millonaria suma de más de $600 millones en indemnización deberá ser pagada por el Ministerio del Interior y la Fiscalía.

De acuerdo a información conocida, las intimidaciones empezaron desde septiembre de 2002 cuando la víctima presentó ante el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía un escrito en el que denunciaba amenazas contra su vida y su núcleo familiar. Posteriormente, en octubre del mismo año presentó ante el Ministerio del Interior una solicitud formal de ingreso al programa de protección, la cual fue rechazada cinco meses después, puesto que, según la entidad, no se encontró relación entre las presuntas amenazas y la actividad que esta desarrollaba.

El asesinato fue el 23 de septiembre del 2005, año en que se interpuso la demanda contra el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación.

La Sección Tercera del Consejo de Estado evidenció que la víctima desarrollaba labores en beneficio de personas desplazadas en la Zona Bananera y Pueblo Viejo, lo cual deja claro que fue amenazada en razón del servicio comunitario al que se dedicaba.

Para dar cumplimiento al fallo, se ordena al Ministerio del Interior y a la Fiscalía a pagar más de 600 millones de pesos de indemnización a la familia de la víctima. La primera tendrá que asumir el 70 % y la segunda el 30 % restante del monto total.

 

 

 

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