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Justicia

12 años de cárcel a exfuncionario del ICBF por violar a una niña en Boyacá

Por el delito de acceso carnal abusivo a una niña de 10 años, al abogado que fue condenado le anularon su tarjeta profesional.

Tunja (Colombia)

Carlos Enrique Muñoz Sotelo de 32 años, quien fue secretario de gobierno del municipio de Chivor, laboraba como asesor jurídico en la oficina de cobro coactivo del Instituto Colombiano de Bienestar familiar en Tunja.

En el municipio de Sutamarchán desató el escándalo el 16 de julio de 2016, cuando según la Fiscalía, la niña fue abusada por el abogado y fue sorprendido en flagrancia por la propia madre de la menor que cursaba grado quinto de primaria, y quien desde entonces, ha vivido un verdadero viacrucis junto con su familia.

Tras el hecho denunciado por la madre de la niña, Muñoz Sotelo fue detenido por las autoridades y permanece recluido en la Cárcel Distrital de Tunja.

Tras la audiencia donde se dió a conocer la sentencia condenatoria, la cual se cumplió en la mañana de este miércoles 21 de marzo de 2018, el juzgado primero penal de Chiquinquirá sentenció al ex trabajador del ICBF a pagar 12 años de prisión, como pena por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Dentro de la condena, el juez también ordenó la anulación de la tarjeta profesional del abusador.

Pese al fallo condenatorio que obligará a mantener privado de su libertad al agresor, la fiscalía apeló la decisión ya que para el ente acusatorio, la pena concedida fue demasiado baja para la magnitud del delito, y buscará mediante un nuevo recurso, que la condena ascienda al menos dos años más, es decir minino a 14 años de cárcel.

Por su parte también apelo la defensa de Muñoz Sotelo, para pedir lo contrario a la Fiscalía: una rebaja de pena, ya que el condenado insiste en su inocencia y no acepta aun los cargos imputados.

La menor mientras tanto y paradójicamente, recibe parte del apoyo psicológico ofrecido por el mismo instituto en el cual laboraba su agresor: el Bienestar Familiar.

En una próxima fecha fijada por el órgano de justicia, el juez decidirá si modifica la condena conforme a la apelación del ente acusador, o de la defensa del abusador.