Declaran improcedente "tutelatón" contra proyecto de Minesa
El Consejo Seccional de la Judicatura consideró que ya hay un procedimiento administrativo para determinar el futuro de la extracción de oro, en California, Santander.
Bucaramanga
El Consejo Seccional de la Judicatura declaró que es improcedente la presentación de centenares de tutelas, como mecanismo para frenar el proyecto Soto Norte, de la empresa Minesa, que plantea la extracción de 9 millones de ponzas de oro, en zona rural del municipio de California, Santander, metros abajo de la línea donde se inicia el páramo de Santurbán.
El organismo, que coordina la parte administrativa de la justicia, explicó que "ya existe un proceso administrativo en curso con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, que debe seguirse por los lineamientos del debido proceso”.
El Consejo aseguro que será en ese proceso donde se deben presentar dichas reclamaciones, por parte de quienes consideran que el proyecto afectará las corrientes de agua que abastecen el acueducto de Bucaramanga y el ecosistema de Santurbán.
Además se señala que no existe acción u omisión por parte de la mencionada autoridad ambiental, por tres motivos; en primer lugar, la licencia ambiental se encuentra en proceso de análisis “de evaluación técnica y científica para determinar o no la viabilidad del proyecto”; en segundo lugar, no existe licencia ambiental y por último, no se han agotado los procedimientos previstos por la ley.
Adicionalmente, los tutelantes “no demostraron técnica y científicamente sus temores”, los cuales deben ser demostrados ante la ANLA.
Minesa, la empresa que solicitó la licencia aseguró que "cualquier otro recurso como la recolección de las 500 mil firmas propuestas por el alcalde de Bucaramanga, debe seguirse una vez agotados los términos fijados por la Autoridad Nacional Ambiental, ANLA.
La empresa asegura que el fallo ratifica que "estas acciones, tanto la tutelatón como la recolección de firmas, resultan siendo un abuso de estos recursos legales y tienen como única finalidad torpedear de mala fe los procesos que desarrollan las autoridades ambientales competentes, así como la congestión del sistema judicial".
