Fiscal solicitó medida no privativa de la libertad para exalcalde de Riohacha
Rafael Ceballos Sierra, es investigado por contratar un acueducto que según la Fiscalía no entrega agua potable.
(Caracol Radio)
La fiscal 47 especializada contra la corrupción solicitó medida de aseguramiento no privativa de la libertad para el exalcalde de Riohacha, Rafael Ceballos Sierra, quien es investigado por la contratación del sistema de acueducto y alcantarillado del corregimiento de Camarones.
Esta medida también fue solicitada para la exsecretaria de Salud, Adriana Arregocés, contratistas y subcontratistas de las obras, a quienes la Fiscalía les había imputado los cargos de celebración indebida de contrato sin el lleno de los requisitos legales, además de peculado por apropiación.
La decisión de la fiscal causó sorpresa entre los asistente a la audiencia y la comunidad, ya que teniendo en cuenta los relatos de la Fiscalía General de la Nación y los cargos imputados, en la ciudad se especulaba sobre una posible medida de aseguramiento para el exalcalde y los demás procesados.
Tanto el exalcalde como los demás funcionarios siguen vinculados al proceso, y tienen prohibido salir del país.
Sin embargo los únicos inmersos en el proceso para los que solicitaron medida de aseguramiento en centro carcelario fue para exsecretario de Obras, Julio Vega Ramírez y la exjefa de la oficina Jurídica, Jaridis Movil.
Según la Fiscal estas personas actuaron con dolo al momento de establecer las condiciones para el pliego que dio origen al proceso de licitación y posterior contratación de las obras.
El cargo imputado a estos exfuncionarios fue celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, en calidad de coautores a título de dolo.
Aspectos de la investigación
En los relatos sobre la investigación que sigue la Fiscalía General de la Nación al contrato 033 de 2013 para la construcción del sistema de acueducto y alcantarillado de Camarones, la Fiscal aseguró que hubo inconsistencia desde el inicio del proceso de licitación.
Indicó que el consorcio Aguas Para Un Pueblo no cumplía con todas las condiciones del pliego, sin embargo la propuesta fue aceptada y posteriormente aprobada por el comité evaluador.
El proyecto inicialmente tenía un costo de $9.000 millones para ejecutarse en seis meses contemplada la construcción de dos pozos profundos.
Sin embargo tardó más del tiempo contratado, con adiciones presupuestales y subcontrataciones por más de $3.400 millones, las cuales según la Fiscalía generaron detrimentos y finalmente sólo se construyó un pozo sin que se modificara el presupuesto, por el contrario le adicionaron recursos.
Finalmente indicó la fiscal que lo más lamentable de la situación es que luego de verificaciones hechas en campo, el ente investigador encontró que el sistema de acueducto no está entregando agua apta para el consumo humano, lo que se convertiría en el mayor de los detrimentos.
La audiencia para fallo quedó programado por la juez tercera penal del distrito de Riohacha con funciones de control de garantías para el día 6 de diciembre.
