Controversia en el Concejo por construcción de nuevas marinas en Cartagena

“Concesión de marinas obedece a intereses nacionales”: Concejal Pión

 

En una sesión convocada por el Partido de la U y su similar de Cambio Radical, se cumplió en el Concejo de Cartagena un debate de control político donde fue revisada la conveniencia y legalidad, de algunas propuestas para construir marinas en jurisdicción distrital.

Con la presencia de representantes de la Dirección General Marítima, la Secretaría de Planeación del distrito, la directora del EPA, delegados de la oficina asesora jurídica y de la Secretaría del Interior, y vecinos de Manga, Bocagrande, Castillogrande, El Laguito y Barú, se llevó a cabo hoy en el Concejo Distrital un debate de control político mediante el cual las bancadas de Cambio Radical, La U, Conservadora y Opción Ciudadana, buscaban revisar la legalidad y conveniencia de las nuevas marinas que están en trámite y la presunta contaminación a la Bahía, originada por sustancias aceitosas que provienen de las embarcaciones y obras de dragado.

En su intervención, la secretaria de Planeación, Luz Elena Paternina, expresó que los conceptos que la dependencia bajo su cargo emite se limitan a verificar lo estipulado en el POT, en el sentido de que el terreno sobre el cual se va a construir no esté ocupado por otra persona, ni dedicado a ningún uso público ni servicio oficial, y si la construcción proyectada no ofrece ningún inconveniente a la respectiva municipalidad.

En esa medida, la funcionaria indicó que se han emitido concepto en fase de prefactibilidad a 23 procesos para construcción de marinas, algunas de las cuales fueron aprobadas por la anterior administración.

Por su parte, el Capitán de navío Iván Castro, de la DIMAR, explicó que de acuerdo a las Resolución 0489 de 2015, por medio de la cual se regula la expedición de licencias para construcción de marinas, las solicitudes deben surtir el trámite de pre factibilidad, en la que se le consulta a varios ministerios, entre ellos el de Cultura y Transporte, para que le den el visto bueno a las solicitudes.

El oficial confirmó que actualmente la Dirección Marítima tiene en estudio un total de 27 proyectos, 3 de los cuales ya se encuentran en etapa de factibilidad. Marina Miramar, ampliación de Eduardoño, y Castillo Landing Place (Castillogrande), fueron las propuestas más rechazadas por el auditorio teniendo en cuenta su inminente aprobación.

Cuando el proyecto pasa a factibilidad, al solicitante se le requieren los planos de la construcción proyectada; estudios técnicos de vientos, mareas, corrientes y profundidades; licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental (si fuese el caso); estudio de movilidad (si fuese el caso); y recibo de pago del valor del trámite.

Posteriormente, el oficial confirmó que actualmente se encuentran en trámite 27 proyectos de marinas, de los cuales tres se encuentran en estado de factibilidad. Dos de estos proyectos se realizarían en Manga y el otro en el barrio Castillogrande.

Respecto al control ambiental sobre estos proyectos, la directora del EPA, María Angélica García, aseguró que su entidad no tiene facultades de vigilancia y control sobre las bahías de Cartagena, pero advirtió sobre la presencia de sustancias aceitosas sobre la misma, lo cual sería una presunta violación a la normatividad ambiental.

García instó a las autoridades marítimas a que antes de tomar cualquier decisión para la autorización de marinas soliciten un concepto al EPA, toda vez que la contaminación que estos proyectos generan no solo afectan a los cuerpos de agua sino al medio ambiente en su conjunto.

Por parte de la ciudadanía hubo participación de diferentes vecinos de los sectores afectados, como el edil de la Localidad 1 Federico de la Rosa, el abogado y ambientalista Rafael Vergara, el ingeniero William Murra, el presidente de Asomanga Julio Romero Alandete, la presidente de la Junta de Acción Comunal de Bocagrande Gina Olmo de Trucco, y un miembro de la comunidad de Barú.

Por ejemplo Rafael Vergara, Abogado y Ambientalista, calificó como un mal manejo el excesivo otorgamiento de permisos expedidos a través de la Autoridad Nacional de Licencias (ANLA). Vergara también cuestionó el poco interés de los inversionistas en territorios insulares y otros cuerpos de agua a nivel local.

El ambientalista reprochó los constantes rellenos a la bahía de Manga, y cuestionó a la DIMAR sobre si ha medido la capacidad de soporte de la bahía para construir más marinas y la llegada de más embarcaciones, antes de expedir los permisos de construcción.

Según Vergara “lo que la ANLA le está haciendo a Cartagena no tiene nombre”. Invitó a la DIMAR y a los inversionistas a pensar en otras zonas de la ciudad para la construcción de marinas, porque la extensión de la bahía no admite una marina más y estaría en riesgo el último arrecife coralino que le queda a este cuerpo hídrico.

Por su parte, Murra amenazó con promover las vías de hecho si se continúan aprobando “indiscriminadamente” las licencias para marinas, toda vez que estos barrios no cuentan con suficiente vías, parqueaderos, y zonas libres, para albergar el alto número de personas y vehículos que transitarían para visitar las marinas. Instó a las autoridades a consultar a la sociedad civil antes de autorizar este tipo de proyectos, y realizó señalamientos sobre el presunto interés de Findeter en “vendernos la idea de ciudades inteligentes, para imponernos las marinas y beneficiarse económicamente de este negocio”.

Por su parte Julio Romero, Presidente de Asomanga, advirtió sobre las posibles afectaciones que causarían otras marinas en el centro poblado que representa.

El presidente de Asomanga ratificó la preocupación de quienes lo antecedieron en el uso palabra, sobre las afectaciones negativas en el medio ambiente, movilidad, y espacio público que generarían las nuevas marinas en Manga. El dignatario acusó al vicepresidente de la república, Germán Vargas Lleras, de “presionar al alcalde para que permita más marinas en Cartagena, porque tiene intereses personales sobre la construcción de estas”.

La intervención del miembro de la comunidad de Barú estuvo orientada a expresar que las marinas por sí solas no representan un peligro para el desarrollo del distrito, siempre que se cuenten con planes de manejo ambiental y vial. No obstante, el ciudadano sugirió a la DIMAR que como requisito de los estudios de prefactibilidad soliciten los títulos de las tierras.

Por último, los concejales realizaron algunos comentarios sobre el tema.

Uno de los citantes, el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) manifestó sus diferencias jurídicas con la Resolución 489 de 2015, al considerarla inviable por configurar un silencio administrativo positivo que iría en contra de la Constitución, y de la voluntad de los cartageneros.

Barrios cuestionó que la citada resolución no le exige a los inversionistas una póliza de responsabilidad civil y un plan de manejo ambiental y de movilidad. Así mismo, indicó que estos proyectos carecen de socialización ante las comunidades directamente afectadas, y de un plan de movilidad terrestre y acuático. Este último, sería necesario según el concejal porque las mismas marinas podrían tener problemas de navegabilidad dada la corta extensión de la bahía.

Otro de los argumentos esgrimidos por el Concejal es que la DIMAR no contaría con la capacidad de reacción para atender el alto número de embarcaciones que atraerían las nuevas marinas, ya que los recurrentes accidentes en altamar dan cuenta de que su recurso humano para realizar los controles es insuficiente.

La corporación también se pronunció sobre el particular estando mayoritariamente en contra de que DIMAR y la administración, terminen por dar visto bueno a solicitudes previstas para zonas urbanas.

Uno de ellos fue el Concejal, César Pión, quien afirmó que existen presiones del orden nacional para que los proyectos sean una realidad. “basan los conceptos en estudios del año 2007, cuando la movilidad, la población y el medio ambiente tenían connotaciones distintas. Yo le digo al Alcalde que no puede dejarse influir de funcionarios nacionales y si primero es la gente los interese de unos pocos no pueden estar por encima del interés general”, señaló el cabildante.

Pión presentó otra serie de argumentos que buscaban demostrar la inconveniencia de marinas en las zonas en las que se pretenden autorizar. Píón aseguró que los conceptos a favor de estas licencias, que vulneran los intereses colectivos de varias comunidades, deben ser objeto de investigación por parte del Procurador General de la Nación. Por otra parte asegura que dichos conceptos se basan en estudios del año 2007, cuando la movilidad, la población y el medio ambiente tenían connotaciones distintas.

Contrario a lo expresado por estos concejales, el cabildante conservador Zaith Adechine manifestó su respaldo a este tipo de iniciativas siempre que cumplan con los requisitos y estudios de prefactibilidad, que no afecten la movilidad y el medio ambiente, así como tampoco la infraestructura de las viviendas de los barrios residenciales.

Algunos de los beneficios que el Concejal encuentra en la construcción de nuevas marinas es la creación de nuevos empleos y el incremento del turismo en la ciudad, que repercutiría en desarrollo económico de la misma.

Según Adechine, en Estados Unidos existen unas 12.000 marinas turísticas, algunas de las cuales son capaces de albergar más de 6.000 embarcaciones generando 33 millones de dólares al año por actividad marítima. Aseguró que en 2015 los puertos deportivos de Cataluña invirtieron 484 millones de euros y que cada amarre les generó en promedio un empleo directo y entre 5 y 10 empleos indirectos.

En el mismo sentido se pronunció su colega de bancada, Jorge Useche.

Otra perspectiva del debate planteó el concejal David Dáger (Liberal) al asegurar que la discusión sobre las licencias para marinas era objeto de un choque de facultades entre el alcalde distrital y la autoridad marítima. Según Dáger, en Cartagena hay un alcalde de la tierra y otro de los cuerpos de agua.

El Concejal indicó que el debate se sale del resorte de competencias del Concejo porque es finalmente la legislación colombiana la que ha otorgado dichas facultades a la DIMAR, y este ente se limita a seguir el trámite legal de las solicitudes tal como lo establece la resolución que las regula. Por otro lado, sugirió que se tomarán en cuenta otras zonas de la ciudad, como la ciénaga de la virgen, ciénaga de las Quintas, Bazurto y zona norte, para el desarrollo de estos proyectos.

El debate cerró con algunas conclusiones por parte del concejal Carlos Barrios (Cambio Radical), asegurando que la DIMAR no había tenido en cuenta ninguna de las objeciones a las solicitudes realizadas por la comunidad.

Además, anunció que presentará una acción de nulidad de los actos administrativos que le hayan dado viabilidad a estas marinas.

Sobre las 2 pm la sesión debió finalizar por un compromiso agendado previamente en la Cámara de Comercio. La Mesa Directiva a través de su Presidente anunció que el debate continuará en una fecha posterior.

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