El robo de servicios públicos en Antioquia le ha generado pérdidas a EPM por más de $1,2 billones
Las autoridades recordaron que la defraudación de fluidos está tipificada como actividad delictiva en el Código Penal colombiano.
Medellín
EPM presentó un reciente balance del impacto negativo por el robo de servicios públicos o defraudación de fluidos, que deja en los más recientes 5 años pérdidas que superan los $1,2 billones en Medellín y el Valle de Aburrá.
Principales causas de la defraudación
Según el análisis de la problemática, estas pérdidas se generan por presuntas conexiones fraudulentas, la manipulación de medidores y la participación de estructuras criminales en la comercialización ilegal de servicios públicos.
Según explicó Humberto Iglesias, vicepresidente de Negocios de EPM, cuando se habla de estas pérdidas, se está hablando de energía, agua, gas y también los servicios que llegan todos los días a los diferentes hogares sin distingo de clases sociales, a los comercios, a las industrias y a miles de lugares donde se desarrolla la vida que tenemos en nuestra ciudad.
Una actividad delictiva
La defraudación de fluidos está contemplada en el artículo 256 del Código Penal colombiano y se incurre en esta actividad ilegal cuando una persona o institución se apropia irregularmente de la energía, del agua o del gas mediante conexiones clandestinas o alteraciones a los sistemas de medición.
Ocurre cuando hay conexiones directas a las redes sin autorización, a instalaciones con contratos vigentes donde se manipulan los medidores para registrar menor consumo y también intervenciones sofisticadas, que requieren conocimientos técnicos especializados para poder generarlas.
Locales comerciales involucrados
Las autoridades han detectado que esta situación no solo ocurre en los hogares y familias de zonas específicas; también se trata de locales comerciales que están defraudando las finanzas de EPM por medio de la apropiación de servicios públicos de manera irregular.
Es importante destacar que en mayo del presente año las autoridades adelantaron un operativo histórico de extinción de dominio, afectando a 42 bienes inmuebles, de los cuales 28 eran espacios comerciales o residenciales y 14 hoteles.
A estos hoteles ubicados en barrios como Laureles, Belén y el centro, se les atribuye la manipulación de medidores de agua, energía y gas durante 12 años.
Cifras de pérdidas
Desde EPM aclararon que las pérdidas se dan por diferentes factores, algunos asociados a condiciones técnicas, operativas o los consumos no registrados.
También están allí las defraudaciones de los fluidos eléctricos, de agua y gas como situaciones irregulares.
El vicepresidente de Negocios de EPM, Humberto Iglesias, aseguró que este año, con corte al mes de agosto, “solamente en el Área Metropolitana tenemos pérdidas totales del 8.45% de energía, del 3.40% en gas y el 34.53% en aguas”.
Sobre las pérdidas por situaciones irregulares, el funcionario dijo que esto también tiene un tema más profundo y es la manera como desde las comunidades se relacionan con lo público, con las normas y especialmente con los demás.
Trabajo de las autoridades
Por parte de las autoridades en el Valle de Aburrá se está adelantando un trabajo para detectar las conexiones clandestinas, generando la protección de las redes de servicios públicos, detectando alteraciones a los medidores y recuperando los consumos que en algún momento no han sido facturados.
Una falencia ética
Para Humberto Iglesias, estas irregularidades llevan a preguntarse: “¿Qué ocurre con una sociedad cuando comienza a considerar que es normal que alguien utilice un servicio sin pagar y sin pagar especialmente lo que corresponde?”
El vicepresidente de Negocios de EPM también cuestionó lo que ocurre cuando el cumplimiento de las reglas parece una obligación de unos, mientras otros están encontrando la manera de evadirla.
Dijo el funcionario que “cuando una conducta que perjudica a todos empieza, tal vez de alguna manera a justificarse como una práctica aceptable, ahí es cuando aparece un riesgo”.
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Zonas identificadas
Desde EPM se tienen identificados 48 sectores de asentamientos informales en Medellín con dificultades para normalizar los servicios públicos, diez de ellos con necesidades de atención prioritaria.
Las restricciones ambientales, jurídicas, urbanísticas y de riesgo dificultan la instalación de conexiones legales en algunas zonas, por lo que se requieren soluciones de formalización y acompañamiento social, además de controles e investigaciones frente a posibles conductas delictivas.
Análisis en 3 dimensiones
Para EPM, esta problemática debe analizarse bajo tres ópticas.
La primera de ellas es la protección de los recursos públicos, la segunda es la protección de la vida y, en tercer lugar, proteger la cultura ciudadana, reconociendo los logros de los más recientes años.
Este tema se analizó en el Concejo Distrital de Medellín, donde los concejales pidieron fortalecer las acciones contra las conexiones ilegales y las estructuras criminales.
Juan Carlos Higuita
Director del Servicio Informativo de Caracol...Director del Servicio Informativo de Caracol Radio en Medellín. Comunicador Social - Periodista, graduado de la Universidad Pontificia Bolivariana y con experiencia en la radio desde 1.999.